Gerardo Eto Cruz y Ricardo Beaumont son los implicados en el caso que se le sigue al ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres. (Perú21)
Gerardo Eto Cruz y Ricardo Beaumont son los implicados en el caso que se le sigue al ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres. (Perú21)

Redacción PERÚ21

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El fiscal de la Nación, , solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Lima que ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones de ocho investigados en el proceso sobre los supuestos sobornos que pagó el ex alcalde de Chiclayo , (a) 'El Jefe', a ex magistrados del (TC) para que se le anule una sentencia.

En la lista aparece el ex burgomaestre chiclayano; los ex magistrados del TC Gerardo Eto Cruz y Ricardo Beaumont; los ex funcionarios municipales que están presos por el caso 'Los Limpios de la Corrupción', César Regalado y Misael Delgado. Además, Luis Barrantes, quien fue chofer de Roberto Torres, también otro ex trabajador de la Municipalidad de Chiclayo y un abogado.

Según el requerimiento de Pablo Sánchez, "para el éxito de la investigación resulta necesario (el pedido) poder determinar con claridad si se produjeron contactos telefónicos entre los imputados, lo cual constituiría un indicio razonable que corroboraría la acusación".

Además, el fiscal de la Nación entregó al juzgado 16 números telefónicos, de línea fija como de celulares, que habrían sido utilizados por los investigados.

Asimismo, indica en su solicitud que el periodo de comunicación que pide es del 1 de agosto de 2012 al 31 de mayo de 2013, en cuya fecha se ventilaba en el Tribunal Constitucional la apelación de Roberto Torres a su condena por peculado de uso.

Al respecto, el ex magistrado del TC Ricardo Beaumont dijo que coopera con el proceso y no se opone al levantamiento del secreto de las comunicaciones.

DATOSPerú21 intentó comunicarse al número de celular que Gerardo Eto Cruz consignó en su testimonio que dio en la Fiscalía pero no contestó las llamadas, a pesar de la insistencia.

Esta investigación es por el delito de corrupción de funcionarios, tras conocerse que el colaborador eficaz 14-2014 dijo que Roberto Torres pagó US$80 mil en el Tribunal Constitucional por la anulación de su sentencia.