El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, convocar a un pleno de jueces para que analicen la casación 92-2017-Arequipa que, según el titular de la Fiscalía, pone en riesgo los casos de lavado de activos.
A través de un documento, Sánchez manifestó la preocupación del Ministerio Público por la sentencia que emitió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el último 8 de agosto, con la que se establece la necesidad de acreditar el delito fuente que conlleva al lavado de activos.
Advirtió que la aplicación de dicha sentencia constituye un "instrumento generador de impunidad" que conllevaría al archivo de procesos e investigaciones en los que no se pueda acreditar el delito previo o la actividad criminal generadora de ganancias ilícitas.
En esa línea, insistió en resaltar que la sentencia es vinculante, es decir, que su cumplimiento es obligatorio por todos los jueces del país.
Perú21 también dedicó un informe a propósito de esa casación. Abogados penalistas consultados por este diario coincidieron en que esa sentencia haría casi imposible demostrar el delito de lavado de activos en las investigaciones.