El fiscal José Domingo Pérez, a través del Instituto de Defensa Legal (IDL), presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando haber sufrido “interferencias externas e internas” en su propia institución en el ejercicio de sus labores.
La injerencia a la que hace mención tiene que ver con la “apertura de investigaciones disciplinarias, penales y parlamentarias sin fundamentación real y violación de su libertad de expresión”.
En virtud de ello, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Martín Mijichich Loli, envió un oficio al Ministerio Público pidiendo información “sobre la idoneidad y efectividad de las medidas de protección con las que contaría actualmente” Pérez.
Además, solicita conocer el estado en el que se encuentran las indagaciones en contra de los congresistas fujimoristas que entorpecieron uno de los allanamientos a los locales de Fuerza Popular (FP).
El CDJE deberá responder a la CIDH sobre la solicitud del fiscal, quien investiga a varios partidos y sus dirigentes, entre ellos FP y el Apra, por los aportes de campaña recibidos.