En el marco del 44.º aniversario del Ministerio Público y la conmemoración del Día del Fiscal, la titular de esta institución, Delia Espinoza Valenzuela, expresó su firme rechazo a un conjunto de leyes recientemente aprobadas por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, al considerar que estas atentan contra la autonomía del Ministerio Público y entorpecen su labor en la lucha contra el crimen.
Durante una ceremonia realizada en el auditorio principal de la Fiscalía, en el centro de Lima, Espinoza advirtió que las nuevas disposiciones normativas “interfieren directamente en la labor fiscal” y suponen un debilitamiento de la independencia institucional.
“La autonomía fiscal se debilita por leyes que interfieren directamente en la labor fiscal”, subrayó.
Entre las principales normas cuestionadas, mencionó la Ley N.º 31751, que recorta los plazos de prescripción de delitos; la Ley N.º 31990, que limita el tiempo para corroborar testimonios de colaboradores eficaces; la Ley N.º 32107, que debilita la persecución de crímenes de lesa humanidad; y la Ley N.º 32108 (modificada por la Ley N.º 32138), que restringe la definición de organización criminal.
“Desde el Ministerio Público hemos emitido 27 opiniones técnicas y presentado proyectos de ley para garantizar el respeto a la función fiscal y al equilibrio de poderes”, sostuvo Espinoza, al señalar que pese a las advertencias, las normas fueron promulgadas.
Críticas a la penalización de adolescentes
Uno de los puntos más enfáticos del pronunciamiento fue el rechazo a la Ley N.º 32108, promulgada el pasado 10 de mayo, que reduce la edad de imputabilidad penal a 16 años. La fiscal recordó que el Ministerio Público, junto a otros sectores especializados en el tratamiento de adolescentes, se opuso a esta iniciativa por priorizar un enfoque punitivo antes que preventivo.
“Pese a nuestra oposición institucional, así como de todos los sectores involucrados en el tratamiento de adolescentes para que se aplique una política básicamente de prevención, el Congreso de la República y el Ejecutivo procedieron a aprobarla”, señaló.
Advirtió, además, que esta medida podría incentivar el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Si la criminalidad quiere instrumentalizar más adelante a nuestros niños y niñas ya no usando a chicos de 16, 17, sino de 15, 14, 13, 12, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos?”, cuestionó.
Espinoza calificó la norma como “el camino equivocado” y anunció que el Ministerio Público está evaluando acciones legales para revertir su vigencia.
La fiscal de la Nación también mostró su preocupación por iniciativas legislativas que, de ser aprobadas, podrían agravar la crisis del sistema de justicia. Una de ellas propone que fiscales y jueces supremos sean elegidos directamente por el Congreso, lo que —a su juicio— representa “un grave retroceso y una evidente afectación al equilibrio de poderes”.
Además, cuestionó otro proyecto que plantea modificar el reglamento del Congreso para reducir la votación calificada necesaria para suspender a altos funcionarios, incluidos fiscales. Calificó dicha iniciativa como “una especie de quiebre constitucional”.
Para cerrar su discurso, Espinoza exhortó a que las leyes sean promulgadas “acorde a la realidad del país” y reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la defensa de la justicia, la legalidad y la lucha contra el crimen organizado.
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