Fiscal da la espalda al equipo Lava Jato y se pronuncia a favor de la casación de Keiko Fujimori

En una inusual e inesperada decisión, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza solicitó ayer por escrito a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declare fundada la casación interpuesta por Keiko Fujimori, lo que traería como consecuencia –de acatarse su requerimiento– que la lideresa de Fuerza Popular (FP) recupere su libertad.

Rodríguez Monteza, como titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, es el encargado de defender la investigación del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien imputa a la excandidata presidencial haber recibido US$1 millón ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011. Pero demostró que esa no parece ser su prioridad.

Rodríguez, sindicado miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto, no esperó a mañana para dejar sentada su posición en la audiencia, donde el tribunal escuchará los alegatos de la defensa y del Ministerio Público, y lo hizo el día en el que el país estaba atento al partido de la selección peruana en la Copa América.

Con su pedido, el fiscal, además, desconoce las resoluciones judiciales que en primera y en segunda instancia confirmaron la prisión preventiva por 36 meses de la lideresa del partido fujimorista.

En otras palabras, ha asumido una postura totalmente contraria a los intereses del equipo especial Lava Jato, integrado por jóvenes fiscales que han encontrado no pocas veces en el camino las trabas puestas por sus superiores y fiscales de mayor antigüedad.

Rodríguez se negó a inhibirse de representar a la Fiscalía en esta etapa como lo requirió el procurador de Lavado de Activos, Miguel Sánchez, quien advirtió que el fiscal no garantizaba imparcialidad.

La Junta de Fiscales Supremos también respaldó por mayoría esa postura, alegando que no tenía facultades para excluirlo de esa instancia.

El discurso de Rodríguez sigue la posición de otros implicados en la citada red criminal, como por ejemplo la del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. Cada vez que pudo, y lo hizo ante el Congreso de mayoría fujimorista, Chávarry cuestionó que Keiko Fujimori esté detenida pese a que existen órdenes judiciales que así lo disponen.

“¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal? ¿Sin haberse probado que haya recibido dinero directamente de alguien?”, cuestionó Chávarry. En ese criterio también parece coincidir el fiscal Rodríguez.

A mediados de junio, Víctor Rodríguez también había puesto en riesgo la investigación contra Edwin Oviedo al ausentarse de la audiencia en la que la defensa del detenido empresario azucarero –acusado de homicidio y expuesto por la Fiscalía como financista de Los Cuellos Blancos– solicitaba su libertad con una casación. Al final, se le negó el recurso a Oviedo, pero creció la desconfianza hacia el fiscal supremo.

Decisión previsible

La casación presentada por la abogada Giuliana Loza apunta a desestimar lo manifestado por colaboradores eficaces y testigos protegidos, quienes aseguraron que Fuerza Popular buscaba “tomar” el Ministerio Público al haber apoyado la designación de Chávarry como titular de esa institución.
Según la investigación de Pérez, sustentada en esos testimonios, FP habría “capturado” al fiscal de la Nación para no ser investigados o tener apoyo en las indagaciones en curso. Pero Loza asegura que esas manifestaciones no han sido corroboradas.

“El único argumento por el que ella (Keiko Fujimori) se mantiene privada de su libertad es por la declaración del famoso testigo protegido N° 3, declaración que ni siquiera ha sido corroborada, no hay elemento que vincule a Keiko con los actos de este testigo protegido”, manifestó en su momento la letrada.

Incomodidad 

Lo anunciado por Rodríguez Monteza ha preocupado a los integrantes del equipo especial Lava Jato. Fuentes cercanas a ese grupo liderado por el fiscal superior Rafael Vela indicaron a Perú21 que lo hecho por el fiscal supremo “es una vergüenza y obstrucción procesal en toda su dimensión”.
Acotaron que, de momento, no es posible tomar alguna acción y que se debe esperar a lo que decida la Corte Suprema con la casación. “Ya se hizo todo lo que estaba en las posibilidades mediáticas y legales”, expresaron.

En la Procuraduría de Lavado de Activos también hubo reacciones al respecto. “Nos parece contradictorio lo sostenido por la Fiscalía especializada y la Fiscalía Suprema, esperamos que la Corte Suprema haga un control efectivo del caso”, apuntaron otras fuentes consultadas.

Recordaron que una sentencia casatoria no puede ser apelada y que si se toman medidas posteriores, solo pueden ser adoptadas por la Fiscalía.
Keiko Fujimori lleva nueve meses detenida en el Penal de Mujeres de Chorrillos. De todos los recursos que presentó en este tiempo, la casación es la que la mantiene más cerca de volver a ser libre.