La resolución judicial que dispuso la detención de los principales asesores de Keiko Fujimori –Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa– contiene más datos reveladores sobre cómo se hubiese pagado el aporte de Odebrecht y los objetivos de Fuerza Popular.
“Estando en el poder, se retribuiría estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o favorecimientos judiciales, continuando así un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”, se lee en la resolución que recoge la tesis del fiscal José Pérez.
El fiscal entiende que Fuerza 2011 se constituyó para tener poder político y, ahora, ya convertido en Fuerza Popular, “tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial (vinculación con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto)”.
Sobre esto último, el Ministerio Público hace referencia a la organización criminal que se enquistó en el más alto nivel de la judicatura. Entre sus integrantes figura el destituido juez supremo César Hinostroza, quien admitió, en mayo, la casación interpuesta por Fujimori para dejar sin efecto el caso cocteles, y si no se hubiesen conocido los audios de la vergüenza, él mismo hubiese resuelto el expediente.
De otro lado, hoy el Poder Judicial evaluará y resolverá la apelación que presentó Keiko Fujimori contra su detención.