La lucha contra el crimen organizado podría tomar tiempo por la falta de una infraestructura adecuada, aseguró el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, al informar que la única central de interceptación telefónica autorizada en el país, y que funciona en una sede de la Policía Nacional, está trabajando al máximo de su capacidad atendiendo las órdenes judiciales para este tipo de procedimientos.
"Estos equipos trabajan solo con presencia del Ministerio Público. Actualmente todas las líneas de interceptación están ocupadas, se ha rebasado la capacidad de interceptaciones y ello no nos permite realizar con mayor eficacia nuestras investigaciones", señaló durante su presentación ante la Comisión de Justicia.
No obstante, Ramos Heredia resaltó la labor realizada en varias dependencias regionales cuyas pesquisas concluyeron con las denuncias de sus respectivos presidentes, como en Cajamarca (Gregorio Santos), Tumbes (Gerardo Viñas Dioses), Áncash (César Álvarez), Cerro de Pasco (Klever Meléndez), Loreto (Yván Vásquez), entre otros.
De otro lado, el titular del Ministerio Público reiteró su compromiso de colaborar con los equipos de la Policía Nacional en las acciones contra el crimen organizado, pero advirtió –en clara alusión a las quejas del titular del Interior, Daniel Urresti– que el Ministerio Público actuará respetando las normas del debido proceso y sin violar la ley.
Urresti se había quejado de que los fiscales no colaboraban con el allanamiento de las moradas de sospechosos.
DATOS