Pasaron cuatro meses para que la Fiscalía, después de una rigurosa investigación, confirme lo que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, hizo el pasado 5 de enero: ordenó el deslacrado ilegal de oficinas para intentar sabotear la investigación contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular (FP).
Esa es la conclusión a la que llegó la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en la denuncia constitucional que presentó ayer ante el Congreso de la República.
“Dichas intervenciones indebidas por parte del investigado (Chávarry) tendrían como finalidad la obstrucción y fracaso de la acción persecutoria iniciada contra Keiko Fujimori Higuchi”, manifestó en el documento de 104 páginas al que accedió Perú21.
El viernes 4 de enero, el fiscal José Domingo Pérez allanó la oficina de Juan Manuel Duarte, entonces asesor de Chávarry, para encontrar evidencias que demostraran el vínculo entre FP y la autoridad máxima de la Fiscalía.
Según su hipótesis, la agrupación política había “capturado” a la cabeza de esa institución para evitar que se investigue a la detenida Fujimori por lavado de activos.
El testigo TP 2017-55-3, que se consigna en la acusación, indicó que existió un acuerdo tácito entre FP y Chávarry “de mutuo apoyo”. A cambio de respaldar su permanencia en el puesto, el fiscal debía ayudar a la excandidata presidencial con sus casos.
La diligencia no concluyó ese viernes. Eso fue aprovechado por Pedro Chávarry, quien al día siguiente acudió a la sede fiscal en el Centro de Lima junto a su personal y se dirigió al piso 9. Todo quedó registrado en videos grabados por cámaras de seguridad.
PLANIFICÓ INTERVENCIÓN
En la denuncia se señala que si bien no se advirtió el ingreso de Chávarry a la oficina de Duarte, el exfiscal de la Nación participó “desde la planificación del hecho junto a otros funcionarios y servidores que estaban bajo su jerarquía”.
Ese argumento se sostiene con lo manifestado por la exasesora Rosa María Venegas. Venegas contó a la Fiscalía que fue Chávarry quien le ordenó ingresar a la oficina para sacar documentación que lo incriminara. Eso fue informado por este diario en febrero.
La exfuncionaria cumplió con la orden ya que –según reveló– retiró hasta tres cajas con archivos. Los documentos, según la denuncia, terminaron en casa de Aldo León, exsecretario general y persona de confianza de Chávarry.
Otra de las irregularidades advertidas es el apartamiento de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que sucedió el 31 de diciembre de 2018. Con esa decisión habría concretado la “intromisión” y “hostilización” hacia los encargados de investigar a Keiko Fujimori.
Debido a la presión ciudadana, Vela y Pérez fueron restituidos en sus cargos, pero se identificó una intención clara por entorpecer las diligencias.
Por estos hechos, Ávalos atribuyó a su antecesor el delito de encubrimiento personal agravado.
Le imputó, además, el delito de encubrimiento real por ocultar los archivos que servirían a la Fiscalía para seguir con sus investigaciones contra la agrupación fujimorista.
“Existieron especies con alto contenido incriminatorio, pues de otro modo no habría existido razón para realizar una actividad altamente temeraria con la participación del máximo representante de la institución (Chávarry)”, remarcó Ávalos.
También lo responsabilizó de atentado contra la conservación e identidad de objeto por violar los precintos de seguridad instalados por la Policía Nacional en la oficina de Juan Manuel Duarte.
Ahora le toca a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatir esta denuncia y, posteriormente, tramitarla con la finalidad de que la Fiscalía de la Nación esté habilitada para investigar a Pedro Chávarry, quien goza de inmunidad.