El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, consideró necesario que el nuevo Congreso elegido el 26 de abril y cuyos integrantes recibirán hoy sus credenciales como legisladores evalúe la propuesta del Gobierno sobre la inmunidad parlamentaria, ya que forma parte de la reforma política.
“Hacemos un llamado a hacer una reflexión. Hemos tenido una reunión con las bancadas [donde planteamos] que la inmunidad parlamentaria es un tema medular, al igual como nos preocupamos sobre la reforma de justicia, sobre quiénes elige, sancionan a jueces”, señaló el ministro a Canal N.
Castañeda indicó que la propuesta del Gobierno presentada en el marco de la reforma política, que plantea que la inmunidad parlamentaria ya no sea levantada por decisión del Parlamento sino por un ente externo como la Corte Suprema del Poder Judicial, es un “proyecto clave”.
“En la reforma política, uno de los proyectos clave es la valoración sobre la inmunidad parlamentaria [...] Es un aspecto que sí o sí debe ser valorado, sopesado, y ya existe un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo que obviamente consideramos que debe ser valorado y estudiado por parte del nuevo Congreso”, indicó Castañeda.
El titular del Minjus dijo esperar que el nuevo Legislativo considere la propuesta para “no permitir que la inmunidad parlamentaria se convierta en un escudo de impunidad”.
Fernando Castañeda indicó que el Gobierno considera todos los decretos de urgencia emitidos como constitucionales, a pesar de que la Comisión Permanente del Congreso presidida por Pedro Olaechea haya considerado que al menos nueve de los 67 decretos emitidos en el interregno parlamentario son inconstitucionales.
“Para el Gobierno, son plenamente constitucionales. Forma parte de nuestra agenda como ministerios y, con los sectores respectivos, poder explicar a los parlamentarios cuáles son los puntos de vista y los fundamentos constitucionales y legales que los sostienen”, señaló el ministro.
En esa línea, manifestó que una vez instalado el nuevo Congreso, el Ejecutivo podrá demostrar que los decretos de urgencia respetan la Constitución.