(USI)
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El presidente del (TC), , opinó que el conflicto social minero en Cajamarca ha puesto en evidencia que falta establecer en la Constitución mecanismos de "control político" sobre los gobiernos regionales.

Explicó que este es un tema que no se previó durante la elaboración de la Carta Magna de 1993, pero que debería ser analizado "convenientemente" porque el Estado debe tener mecanismos de respuesta para los que desafían su autoridad.

"¿Qué pasaría en la eventualidad que un grupo como el Movadef ganara una región y paralizaría, por ejemplo, la minería y no acatara la acción del Estado? Tendría que haber una respuesta", manifestó el magistrado a la agencia Andina.

Álvarez señaló, sin referirse a un caso específico, que toda institución debe tener frenos y contrapesos. Evitó entrar en propuestas concretas sobre cómo debería darse ese control, porque eventualmente podría llegar al TC, pero mencionó la acusación constitucional, el juicio político, entre otros mecanismos.

Refirió que esta capacidad de Estado de imponer controles a los gobiernos subnacionales se fundamenta en su autoridad para establecer el orden y buscar el bien común de todos sus ciudadanos.

Señaló que cuando se presentan estos casos, el recurso que sí funciona es el Poder Judicial, pero se trata de una vía legal, pero no de un control político que está ausente en la legislación nacional.