Keiko Fujimori saldrá libre por orden del Tribunal Constitucional (TC), sí; pero la sentencia que lo dispone resulta ser controversial. ¿Por qué? Porque si bien existieron los cuatro votos necesarios para su aprobación, solo coinciden en que la lideresa de Fuerza Popular debe ser liberada, mas no en los argumentos.
El TC publicó ayer el pronunciamiento de los siete magistrados. Tres de ellos señalan que Fujimori debe ser excarcelada porque las evidencias usadas por el fiscal José Domingo Pérez para imputarle lavado de activos “son meras presunciones”. Los que concluyeron así fueron el ponente Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón.
Actuando quizás como una cuarta instancia, porque hicieron una valoración de las pruebas presentadas, los tres jueces desestimaron las declaraciones de los testigos protegidos TP-2017-55-3, TP-2017-55-4 y TP-2017-55-5 que señalan que la excandidata presidencial sabía del manejo a todo nivel de su partido político.
El fiscal Pérez aportó estas pruebas para establecer que Fujimori conocía de los aportes irregulares de la empresa Odebrecht a su campaña de 2011 y del uso de aportantes fantasmas para simular los ingresos ilícitos.
Sobre la imputación de lavado de activos, coinciden en que “el material probatorio tampoco permite vincular a la favorecida con el delito”.
Y van más allá en sus fundamentos. Acogen declaraciones del exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata en las que señala que no entregó aportes directamente a Fujimori.
Respecto a la confesión que hizo Barata sobre la entrega de un millón de dólares al exdirigente Jaime Yoshiyama, dichos miembros del TC sostienen que los jueces penales que confirmaron la prisión no han establecido cómo esa entrega se traduce en lavado de dinero.
El voto incongruente
Sin embargo, esas conclusiones quedarían solo como opiniones porque no contaron en el fallo con el aval de Carlos Ramos, el otro miembro que apoyó la liberación de Keiko Fujimori.
En su voto singular, Ramos únicamente indica, como lo adelantó a este diario, que Fujimori no puede permanecer en prisión porque, al haber sido disuelto el Parlamento de mayoría fujimorista, ella no representa más un peligro de obstrucción para las investigaciones de la Fiscalía.
“Han transcurrido poco más de 13 meses que, indefectiblemente, han ocasionado que cambien las circunstancias y el curso de las investigaciones”, alegó.
Los cuatro magistrados resolvieron que la orden de prisión preventiva, así como la resolución que la confirma, deben ser anuladas. Y el proceso debe retornar al estado anterior.
Sabía que
Los tribunos que se opusieron al fallo de Blume fueron Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Miranda, quienes cuestionaron que se pongan en duda las conclusiones de jueces penales para descalificar la orden de prisión preventiva.
“No se debe interferir en la dilucidación penal”, indicaron.
Rafael Vela: Se valoró el fondo
Debido a que los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional concluyeron que, tras anular la orden de prisión preventiva, el caso debe retrotraerse al estado anterior a esos fallos, el proceso contra Keiko Fujimori debe situarse en la etapa de pedido de prisión preventiva, lo que implica que se debería convocar a una nueva audiencia para definir el requerimiento que hizo la Fiscalía.
Ese escenario fue el que proyectó el líder del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, en diálogo con Perú21, aunque refirió que será el fiscal José Domingo Pérez quien evaluará qué decisión tomar.
“Con la sentencia se genera una ausencia de legitimidad, en los argumentos se muestra que Carlos Ramos y los otros tres tribunos son incongruentes”, declaró.
Consideró, en ese sentido, que ese fallo es “sospechoso y cercano al orden político”, porque se ha valorado el fondo de los argumentos del Ministerio Público.
Por otro lado, trascendió que el TC notificará hoy al Poder Judicial su sentencia para que proceda con el trámite para la excarcelación de Fujimori.