El exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, negó que se haya elaborado algún informe técnico en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el cual se sustente que Alberto Fujimori debe ser trasladado desde el penal de Barbadillo a otro centro de reclusión.
En declaraciones a Radio Santa Rosa, Andía criticó que se haya utilizado el caso de Alberto Fujimori como motivo para retirar del cargo a Susana Silva como presidenta del INPE, tras señalar que no hubo sustento técnico.
“Que se diga que porque no cumplió un acuerdo, una orden y que (Aníbal Torres) señale que existe un informe técnico de que Alberto Fujimori debe ser trasladado a un penal común, no es cierto, no existe”, aseveró.
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Antes de ser nombrado como primer ministro y todavía como ministro de Justicia, Aníbal Torres señaló que habían informes en el INPE que respaldan el traslado de Alberto Fujimori, por lo que señaló que se evaluaría esta posibilidad cuando se tenga una actualización sobre el estado de salud del expresidente.
“Existen informes en el INPE de órganos competentes que establecen que el señor tenía que estar en Ancón II, si es posible en el local del tópico para que goce de todas las comodidades. Sin embargo, la presidenta del INPE no me había comunicado cuándo volvió Fujimori, lo habían hecho subrepticiamente”, aseveró a Exitosa.
Gilmar Andía, tras negar esta versión, precisó que hay informes relacionados a la pertinencia de que exista el penal de Barbadillo.
“Lo que sí existía en el INPE es un análisis del costo de Barbadillo. Lo que existe es un informe técnico de poder analizar la posibilidad de cerrar Barbadillo. No que vaya a un penal especial. ¿Ha dicho una media verdad? No sé, habría que analizar, pero no hay un informe en esos términos”, manifestó el exviceministro.
Andía también reiteró sus críticas por el apartamiento de Daniel Soria del cargo de Procurador General del Estado, señalando que no tuvo sustento jurídico ni algún elemento en el procedimiento para su separación.
“La destitución de Soria bajo un argumento de pérdida de confianza es ilegal y no tiene que ver con cuestiones políticas [...] Como asesor, dejé un oficio diciendo que lo que tendría que haber hecho es declarar la nulidad (del nombramiento) e iniciar un proceso por falta grave. No defiendo a Soria [...] pero han ido por un camino que no es el normativo”, concluyó.