Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, se refirió a la detención y extradición del expresidente Alejandro Toledo a nuestro país y dijo que no hay nada que pueda detener el proceso.
Estamos en un momento inminente, ya se han tomado las decisiones importantes, tanto en lo jurisdiccional, lo judicial y en lo político. De manera que, no existe en el marco del tratado vigente entre Perú y los Estados Unidos, algún obstáculo. Ya no existe, bajo ningún instrumento legal, algún recurso que el expresidente y sus abogados puedan sustentar, al menos formalmente. De hecho, lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es un abuso del sistema de justicia americano; con un conjunto de acciones oportunistas para que acojan sus pedidos y la defensa, que –siguiendo la práctica peruana– interpone recursos en otras jurisdicciones, como reconsideraciones ante una corte del distrito judicial de Columbia en Washington D.C. cuando este asunto fue procesado en California. La extradición está zanjada no hay nada más que discutir.
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Se supone que si todo sale bien, Alejandro Toledo debería estar lo más pronto posible en el Perú. Una vez en el país, será puesto a disposición de un órgano judicial, probablemente el que dispuso su prisión preventiva en el caso Odebrecht por el cual ha sido extraditado. Pero también entiendo que hay otra prisión preventiva por el caso Ecoteva, anterior, que fue el primer caso en el que se investigó a Toledo. En todo caso, estos dos procesos que se tramitan de manera independiente se refieren a los mismos hechos; no hay forma de entender Odebrecht sin Ecoteva y viceversa. Por tanto, hay órdenes legítimas por el órgano judicial que deben ser cumplidas porque no están fundamentadas en una persecución política sino en hechos puntuales contra el expresidente Toledo. La Corte peruana decidirá las cuestiones de fondo, si el expresidente es culpable o inocente.
Los delitos son graves; lavado de activos, colusión, organización criminal, la pena será alta, pero eso lo determinará el tribunal; hablamos de una posibilidad de más de 15 años de prisión con seguridad.