Acusó recibo de las notificaciones que le remitieron dos comisiones parlamentarias, firmó, puso su huella digital, pero a la hora indicada, una vez más, el expresidente Pedro Castillo recurrió a leguleyadas para evitar dar respuestas concretas sobre los actos de corrupción registrados durante su gobierno y los entretelones del golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
A este juego se prestó su abogado Eduardo Pachas, quien fue el único que dio la cara en esta suerte de montaje virtual en el que tanto él como Castillo pusieron una serie de excusas y condicionamientos para concretar su participación ante la Comisión de Fiscalización primero, y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales después.
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El primer traspié se registró en el grupo de trabajo que preside Héctor Ventura. Allí, el ahora inquilino del penal Barbadillo debía responder, entre otras cosas, por el presunto pago de S/4 millones que le hizo la empresaria Sada Goray a través del exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.
Pero Castillo no contestó ni esa ni otras interrogantes. Primero porque, dijo, tenía problemas de conexión por la plataforma virtual, y luego porque puso como condición para dar su testimonio ir con su abogado al Palacio Legislativo, a sabiendas de que por su condición de reo con prisión preventiva eso no es posible.
“Eso es jurídicamente imposible. Castillo no nos va a poner condiciones; o se recibe su declaración virtualmente o nos constituimos en el penal, pero que no pretenda dilatar u obstruir las investigaciones. Lo que quiere es hacer show ante las cámaras”, denunció Ventura, quien, además, no descartó denunciar a Pachas ante el Colegio de Abogados por su “comportamiento inadecuado como defensa técnica”.
Una treta similar aplicaron Pachas y Castillo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside Lady Camones. En esa instancia no solo alegaron que había fallas de conexión o reclamaron que Castillo fuera llevado al Parlamento. La defensa legal solicitó también acceso a toda la documentación y copia digital del caso y que se le informe sobre la “condición jurídica” de su patrocinado.
Esta demanda sorprendió a Camones, quien replicó que Castillo fue notificado hace una semana de la citación para rendir una declaración testimonial en la investigación que realiza la Subcomisión de la denuncia fiscal contra la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez por los presuntos delitos de conspiración y rebelión. En ese orden, acotó, Castillo no es imputado sino testigo.
Ya sin argumentos, Pachas ensayó una nueva excusa: dijo que le era “materialmente imposible estar preparado para tres diligencias en la misma fecha y hora”, pues, según dijo, además de las dos citaciones congresales habían sido convocados por el Ministerio Público. Lo cierto es que la Fiscalía ha dispuesto la “conducción compulsiva” de Castillo recién para este lunes 20, pues, días atrás, también puso trabas para que las autoridades judiciales tomen su declaración como testigo en los casos Sunat y Municipalidad de Anguía. Otra mentira al descubierto.
Así las cosas, a diferencia de Fiscalización, la Subcomisión decidió enviarle al exmandatario golpista las preguntas por escrito a fin de no retrasar más el proceso. Según Camones, el informe final se estaría entonces debatiendo los primeros días de marzo.