El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) organiza un evento para debatir el proyecto de ley presentando por el congresista Mauricio Mulder (Apra), sobre la prohibición de la publicidad estatal en medios de comunicación.
Se tiene previsto la participación de la premier Mercedes Aráoz y el defensor Walter Gutiérrez. Además de Hugo Coya, ex presidente Ejecutivo de IRTP; Gabriel Ortiz de Zeballos, presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación Corporativa; entre otros.
Coya señala que es importante la publicicidad estatal en medios de comunicación pues mantiene informada a la población a través de varios canales.
"El proyecto de ley es pequeño, pero las consecuencias son amplísimas y muy graves. Condiciona a los ciudadanos a acceder a la información solo a partir de determinados medios", agrega durante su intervención.
Como se recuerda, el proyecto de Mulder señala que la población acuda a internet para enterarse de las campañas del gobierno. Situación que, dijo Coya, es inviable pues en el Perú no todos tienen acceso a este servicio. "No va contribuir en que los ciudadanos estemos mejor informados", agrega.
Por su parte, Andrés Calderón, abogado e investigador de la Universidad del Pacífico, explica que esta iniciativa es un medio intimidatorio.
"Cuando uno revisa el proyecto ni siquiera hay un análisis, solo algo extremista que busca presionar a los medios privados. No es una subvención económica del Estado a los medios, es una contraprestación", añade.
De otro lado, Ortiz de Zevallos precisa que las acciones públicas que un gobierno hace es necesario, y que naturalmente preocupa el riesgo de que se use de mala manera, pero en regiones o en lugares alejados resulta vital. "Lo lógico es que haya una discusión, pero tiene que darse sobre la base de no prohibir", acota.
El congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), indica que el proyecto de su colega Mulder es inconstitucinonal porque "los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hace el Estado".
"No hay ningún artículo que diga esta ley promueva el acceso a internet. Según Mulder, la corrupción se evita con su ley. No se regula la publicidad, es una ley mordaza para el Estado", precisa.
Para el oficialista esto tiene una motivación política para que el gobierno no haga conocer los avances de la gestión y que debe hacerse es una regulación; además recordó que se exoneró de trámite de comisión. "Hay propuestas del Ejecutivo que aún duermen", añadio.
Asimismo, el uruguayo Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, explica la publicidad estatal sirve para hacer cosas buenas y malas. "Pero es una forma que tiene el Estado de apoyar a la libre discusión de las ideas y para que haya pluralidad en los medios de información", manifiesta.
"Perú es uno de los pocos países que avanzó en temas de controlación de publicidad estatal, por eso sorprende este proyecto. Esta ley es mala. No es mordaza, es peor. Quiere que al ciudadano solo se le informe por un solo medio, por un solo caño. Es antidemocrática porque no permite elegir dónde, cómo y con quién se informa", asevera.
Por su parte Roberto Pereira, abogado experto en libertad de expresión, cuestiona que esta ley no se haya debatido en comisiones y añade que no hay problema de gasto exagerado. "La justificación no es razonable, no se acreditó que la ley vigente no funciona. Ni la menciona", añade.
"El medio alternativo para informar no es idóneo. El efecto de esta norma no funcionará en la práctica, además criminaliza", agrega.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Landa, tiene una participación en la conferencia, y explica que cualquier poder tiene que tener especial cuidado cuando legisla sobre este aspecto porque no solo perjudica al Estado sino al ciudadano.
En virtud de ello, Landa sustenta que esta proyecto de ley no cumple con lo dicho por el artículo 13.3, de la Convención Americana, que establece que todos tienen libertad a informar; y tampoco cumple con el 13.2, que habla de que cualquier proyecto tiene que pasar por discusiones.
"Es discriminatoria en su texto. Esta es una forma de presionar a los medios privados para que dejen de investigar corrupción. Lo que debería discutirse es que los medios públicos tengan independencia", precisa.
Además, reiteró que la relatoria de la CIDH ha hablado y explicado el tema a través de muchos textos, por ello cuestiona que el aprista no haya tomado en cuenta las recomendaciones. "La prohibición absoluta no es el camino", añade.