La exoneración del IGV a productos alimenticios de la canasta básica, como medida para combatir el alza de precios, todavía estaría lejos de concretarse.
El premier Aníbal Torres cuestionó ayer que la autógrafa aprobada por el Congreso haya quedado “desvirtuada” al incluirse en la exoneración de partidas arancelarias a productos como el lomo fino, el ganso, el faisán, la leche condensada, entre otros. Con ello, alertó, se crearía un forado presupuestal de S/3.2 mil millones.
“Estimamos que es un error del Congreso, el cual no tiene capacidad de gasto. Solicitamos que corrija rápidamente este entuerto”, escribió Torres en su cuenta de Twitter. El Ejecutivo tiene 15 días útiles para presentar sus observaciones al Congreso.
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Al respecto, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, señaló a Perú21 que el proyecto de ley del Ejecutivo no especificaba ningún alimento, por lo que era necesario precisarlo a través de sus partidas arancelarias, aunque estas incluyan a otros productos. Además, criticó que el primer ministro persista en un discurso confrontacional que profundiza la crisis política.
La congresista Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía, explicó que el Legislativo buscó la mayor celeridad con esta iniciativa dada la urgente necesidad de la población. Por ello, la Junta de Portavoces lo exoneró del trámite de elaboración de dictamen en su comisión. Monteza precisó que acumuló 5 proyectos de ley distintos, incluido el del Ejecutivo, antes de derivar el texto sustitutorio al pleno del Congreso para el debate correspondiente.
Por su parte, los especialistas en derecho tributario Jorge Picón y Luis Arias Minaya coincidieron en cuestionar el enfoque de exoneración del IGV como medida idónea para combatir el alza de precios.
Picón consideró que la pérdida de recaudación no necesariamente se va a plasmar en una reducción del precio de forma proporcional. Además, no se toma en cuenta que más del 65% de la economía es informal, por lo que la exoneración del IGV no tendría efecto en un gran sector de la población.
Arias Minaya criticó tanto al proyecto de ley original presentado por el Ejecutivo como la autógrafa aprobada por el Legislativo y consideró que ambos poderes del Estado “están compitiendo por ver quién es más populista”. Asimismo, destacó que existen otras formas de devolver el IGV de forma selectiva a los sectores más pobres.