Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso. (Foto: Congreso)
Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso. (Foto: Congreso)

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Joyones congresales

¿Cuáles habrán sido los criterios que usó Alianza para el Progreso para designar a sus candidatos al Parlamento? Primero fue Freddy Díaz, acusado de violar a su trabajadora y hoy recluido en un penal; luego las ‘mochasueldos’ Heidy Juárez, Magaly Ruiz y Rosío Torres, y ahora la cumbiambera, perdón, la legisladora Cheryl Trigozo, quien dedica sus fines de semana a dar conciertos de cumbia ignorando que, de acuerdo al Reglamento Interno del Congreso, su función congresal es “a tiempo completo”. En su descargo ha dicho que sus fans le reclaman que cante y que no cobra por ello. ¿Dirá algo la Comisión de Ética? ¿Aló, Diego Bazán?

ÓSCAR VERA

Se salvó

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, ya puede respirar tranquilo. La moción de censura por su presunta incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo no prosperó. La votación a favor y en contra en la plenaria matinal fue casi pareja, y no alcanzó los 66 votos requeridos; apenas tuvo el aval de 52 legisladores. Una reconsideración planteada por Fuerza Popular también fracasó. Increíble que se deje una cartera fundamental a la deriva.

IMELDA TUMIALÁN

El efecto Boluarte

Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se presentaron ayer ante la Comisión de Justicia que realiza una investigación sumaria en su contra. A su salida, personal de seguridad se llevó casi en vilo a su presidenta Imelda Tumialán, quien inicialmente pretendió “huir” por el sótano del Palacio Legislativo. ¡Y todo para evitar que la aborden los periodistas! ¿Será el efecto Boluarte?

BETSSY CHÁVEZ

Reparación civil

Y el próximo martes 26 el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará el pedido de la Procuraduría para que se anule la venta de un inmueble ubicado en el distrito de Calaña, en Tacna, por parte de Betssy Chávez, suspendida congresista y pinky friend del golpista Pedro Castillo. La solicitud tiene la finalidad de asegurar el pago de una eventual reparación civil de más de S/67 millones en el marco del proceso que se sigue contra Chávez, Castillo, Aníbal Torres y Roberto Sánchez por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado.