A través de un comunicado, la Procuraduría Ad Hoc informó que el Estado peruano ha comenzado hoy a cobrar una reparación civil ligada a Graña y Montero y el caso Lava Jato.
Se trata de la empresa Aenza que tiene que hacer un pago de más de S/480 millones y que ha iniciado con una cuota de alrededor de S/15 millones.
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“En agosto de este año el Poder Judicial aprobó dicho acuerdo en el que Aenza y sus subsidiarias reconocen responsabilidad penal en los procesos vinculados al caso del Club de la Reconstrucción, así como en otros 16 proyectos de infraestructura (...)”, se lee en el documento.
Este monto se deberá pagar en 12 años y se indicó que el pago es adicional a los casi S/60 millones que José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña vienen pagando al Estado.