El despacho presidencial aprobó pagar la defensa legal de Enrique Vílchez Vílchez, secretario de la mandataria Dina Boluarte, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente encubrir la fuga del dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
En la resolución del 12 de mayo último, se indica que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició una investigación contra Vílchez por el delito de encubrimiento personal.
El documento precisa que al funcionario público se le imputa coordinar con los congresistas de Perú Libre Américo Gonza , Jaime Quito, María Agüero, Kelly Portalatino, Janet Rivas Chacara y Waldemar Cerrón Rojas «para encubrir al prófugo Vladimir Cerrón Rojas».
«A la vez también realizan coordinaciones con el señor Richard Rojas García y a las personas de Ana María Córdova Capucho, Carina Ruth Palacios Quincho y protegido al día de hoy por el actual comandante general de la Policía Víctor Zanabria Angulo, el mismo que no permite la captura del prófugo Vladimir Roy Cerrón Rojas porque obstruye la labor del personal policial y los órganos de inteligencia, como así también pone a disposición del entorno de los colaboradores del encubrimiento del prófugo a los jefes de las regiones policiales y personal Digimin», se lee.
Esta información fue difundida en febrero pasado por el dominical Punto Final. En el reportaje se informó que el legislador Edwin Martínez entregó un USB en 2024 en cuyo contenido hay una denuncia anónima y conversaciones de WhatsApp donde se da a entender que desde Palacio de Gobierno se protege a Cerrón previa coordinación con congresistas del partido del lápiz.
Esa indagación es complementaria al caso Cofre, en donde se involucra a Boluarte con el uso del vehículo presidencial para que Cerrón Rojas, quien lleva casi 600 días no habido, fugue y eluda las órdenes de captura.
Destinar recursos públicos para cubrir la defensa legal de un funcionario está estipulado en el artículo 35 de la Ley Servir.
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