Eloy Espinosa-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, informó que el día de mañana el pleno de su institución resolverá si se admite o no la demanda presentada por el Gobierno contra la ley que regula la cuestión de confianza promulgada por el Congreso. Explicó que este proceso es rápido pues solo se evalúan cuestiones de forma en la presentación del recurso.
Detalló que, una vez que quede admitido, se informará a la parte demandada, el Congreso, a fin de que preparen su defensa, para lo cual tienen hasta 30 días útiles. Una vez que se tenga su respuesta se programa una audiencia en la que ambas partes exponen sus argumentos.
“Eso justamente yo ya lo revisé [la admisión], no hay problemas, la admisión es de cumplimento formal, la demanda cumple con las condiciones formales. Mañana que tenemos sesión la voy a presentar, acá no hay defectos formales así que se hace una resolución rápidamente para plantear eso y de inmediato se envía al Congreso”, refirió.
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Espinosa-Saldaña, quien es ponente por este caso, afirmó que este caso es muy importante pues se trata de una disputa de carácter político en el que se define el equilibrio de poderes.
El magistrado recordó que, en el 2018, el TC se pronunció por unanimidad para declarar inconstitucional un grupo de cambios en el Reglamento del Congreso donde se trataba de cambiar aspectos sobre la cuestión de confianza, la censura y otras herramientas que están definidas en la Constitución.
Según el Ejecutivo, la norma quiebra el principio de separación de poderes que incluye, en la Constitución, el concepto de equilibro y balance de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
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“La ley N° 31355 contraviene la interpretación constitucional sobre los alcances de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional”, destaca la demanda.
Sobre este punto, el Ejecutivo recuerda que el 28 de setiembre del 2018 el TC falló indicando que la cuestión de confianza “ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”.