Ernesto Blume, presidente del TC, considera que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público "incurren en errores". (Foto: GEC)
Ernesto Blume, presidente del TC, considera que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público "incurren en errores". (Foto: GEC)

El Tribunal Constitucional (TC) que hoy preside ha sentado dos precedentes que pueden poner en riesgo la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en general.

Haber excarcelado al expresidente y a la lideresa de Fuerza Popular, bajo el argumento de que se vulneró su derecho a la libertad, puede ser usado por cualquier cabecilla de una banda criminal para revertir una orden de prisión preventiva dictada por un juez y confirmada por instancias superiores del Poder Judicial.

Fujimori y Humala son investigados por lavado de activos. Ese es el grave delito que le atribuye el equipo Lava Jato al advertir que ambos recibieron millonarios aportes ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2011.

Y a pesar de las pruebas, una mayoría de integrantes del TC se ha opuesto a las detenciones.

Ayer, por ejemplo, Blume declaró en RPP que los 14 jueces que confirmaron la detención de la excandidata presidencial (ver infografía) pudieron “haberse equivocado”.

“En muchos casos, el Ministerio Público y el Poder Judicial incurren en errores que ameritan una intervención del Tribunal (Constitucional)”, justificó.

En el caso de Fujimori existían indicios razonables evidenciados por el fiscal para considerar que, desde el Congreso, con operadores de su partido y con el uso de aportantes fantasmas para simular ingresos a su campaña, la excandidata presidencial tenía una actitud obstruccionista.

Por el lado de Humala, la posibilidad de fuga era latente al comprobarse que la ex primera dama Nadine Heredia salió del país mientras se le investigaba.

Pero para el miembro del TC existió violación del debido proceso contra Fujimori.

“Keiko Fujimori dijo que se afectó al derecho de defensa, el debido proceso, la debida motivación. Nosotros hemos entendido, los que hemos firmado, que sí se han dado esas violaciones”, argumentó, como si hubiera acatado al pie de la letra los alegatos de la lideresa fujimorista.

Blume es un abogado que no dudó en defender al encarcelado exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y al sentenciado exgobernador del Callao, Félix Moreno.

A sus exdefendidos se les comprobó y se les condenó por graves delitos de corrupción. Y pese a ello dice que “se debe corregir el accionar de jueces y fiscales”.

En esa línea, demandó a fiscales como Pérez y Vela a “ceñirse” a los “parámetros de la Constitución”. Desde el equipo especial del Ministerio Público cuestionaron esas expresiones, ya que la Fiscalía no participó en el proceso de hábeas corpus que interpusieron Humala y Fujimori en su momento.

“Los cuatro tribunos (que votaron a favor de liberar a Keiko) son abogados litigantes sin ninguna experiencia en materia penal”, señalaron las fuentes.

El diálogo con Perú21, el constitucionalista Omar Cairo también recordó que los fiscales no son los demandados en un proceso de hábeas corpus, sino los jueces penales.

“Esa opinión (de Blume) está fuera de lugar, es irrelevante”, sostuvo Cairo.

En otras palabras, para Blume no son suficientes los elementos que justifiquen una prisión preventiva, a pesar del peligro al que se expone una investigación cuando se evidencia una conducta obstruccionista. ¿O es que piensa así cuando su interés es el que está en la cuerda floja?

Sabía que

La exlegisladora fujimorista Úrsula Letona declaró que la Fiscalía “no ha respetado los derechos fundamentales de Keiko (Fujimori) y, por lo tanto, esperamos que su pronta libertad se concrete en estos días”.

El exsecretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, se acogió ayer a su derecho al silencio y no declaró ante el fiscal Pérez.

El interrogatorio a Daniel Salaverry fijado para ayer fue reprogramado.