El magistrado electo al Ernesto Blume, propuesto por el PPC, se convirtió hoy en el tercer miembro de este colegiado que declinó de manera formal su designación y puso su cargo a disposición del Congreso, tras el escándalo que puso al descubierto el Perú21.

"El tema de ha complicado por razones que son de público conocimiento y yo no quiero ser un obstáculo para cualquier fórmula de solución de este problema, por eso he decidido poner mi cargo a disposición del Congreso de la República para que se resuelva lo pertinente", dijo el jurista en conferencia de prensa.

Blume agregó que en el TC "deben estar los constitucionalistas que estén en la línea de la defensa del Estado constitucional y de los derechos fundamentales", para que pueda cumplir de manera cabal sus dos roles claves: ser garante efectivo de los derechos fundamentales y un celoso guardián de la Constitución.

Asimismo, aclaró que en ningún momento él pidió su designación, que recibió con "total patriotismo y orgullo".

Por su parte, el presidente del PPC, Raúl Castro Stagnaro, intentó deslindar la responsabilidad de su bancada sobre los polémicos nombramientos, y alegó que se le advirtió a Perú Posible y al fujimorismo que las candidaturas de Pilar Freitas a la Defensoría del Pueblo y Rolando Sousa al TC traerían problemas.

"Pero hay una cierta arrogancia en ciertos dirigentes y ciertos partidos, que no entienden razones y que, finalmente, terminan ocasionando lo que sucede en estos momentos", anotó.

Sin embargo, Alianza por el Gran Cambio, la bancada a la que pertenece su grupo, votó en bloque a favor de los candidatos que ahora cuestionan en virtud a lo que llaman un acuerdo político.