El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció sobre la sentencia emitida por su institución, la misma que fue cuestionada por la Contraloría General de la República. En tal sentido, aseguró que “no es exacto que (la medida) vaya contra la lucha contra la corrupción”.
“No es exacto que esta sentencia debilite a la Contraloría, no es exacto que vaya contra la lucha contra la corrupción, sino que, por el contrario, esta sentencia fortalece a la Contraloría, fortalece su competencia de control y de sanción, fortalece la lucha contra la corrupción, que es el empeño que tiene el Tribunal Constitucional”, aseveró en conferencia de prensa.
El último miércoles, la Contraloría General calificó como un "serio retroceso" en la lucha contra la corrupción la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) argumentando que imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en una inconducta funcional.
“Esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial”, afirmó el contralor general Nelson Shack.
Al respecto, Ernesto Blume explicó que las infracciones previstas en el artículo 46º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que fue declarado inconstitucional, “no cumplían con expresar en forma inequívoca el acto u omisión que debía ser materia de sanción”.
Además, manifestó que la publicación de la sentencia “no tendrá un efecto de nulidad a las acciones ya impuestas por la Contraloría”.
“La inconstitucionalidad del artículo 46º determina lo siguiente: no afecta la validez de las resoluciones y de más actos administrativos admitidos en dicha disposición normativa; por lo tanto, no es exacto que esta sentencia debilite o restrinja las competencias de la Contraloría”, dijo.
En ese sentido, los funcionarios que estén involucrados en actos de corrupción o en inconductas funcionales seguirán siendo investigados y sancionados, sin excepción.
“El artículo 46º no estaba de acuerdo a la Constitución y, en el ejercicio de nuestra competencia, hemos procedido a declararlo inconstitucional, lo cual no significa que funcionarios que están siendo investigados o han sido sancionados vayan a tener una situación excepcional en cuya virtud se anula todo”, detalló Blume.
Finalmente, el titular del TC refirió que mañana viernes se reunirá con el contralor general, Nelson Shack, a partir de las 9 y 30 de la mañana, para abordar los cuestionamientos a esta norma.