ENTREVISTA21: Eliana Revollar: “El Gobierno no toma con seriedad la conflictividad social”

Eliana Revollar es defensora del Pueblo en funciones y advierte que, este año, se ha registrado un incremento de los conflictos sociales que va a la par del desinterés del gobierno de Pedro Castillo de gestionar una solución. ¿Y el diálogo? Dice la abogada, con preocupación, que está estancado...

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos sociales en este momento a nivel nacional…

La Defensoría del Pueblo hace seguimiento y monitoreo de la conflictividad social desde 2004 y este año se ha notado que hay un incremento, pero también que los procesos de diálogo no están alcanzando a todos los conflictos abiertos. Obviamente, el tema más serio que tenemos es el de Las Bambas, donde llevan más de 30 días de paralización, y es importante señalar que desde 2019 ha habido acuerdos (…) se necesita que haya claridad para desglosar cuáles son esos acuerdos que realmente deben cumplirse; sin embargo, el diálogo no ha sido el mecanismo empleado por el gobierno, todos los procesos se han estancado…

¿Por falta de voluntad política, indiferencia?

Hay que recordar que, cuando entra el profesor Pedro Castillo a la Presidencia, no está dentro de sus prioridades la gestión de la conflictividad social; también tenemos que recordar que él es un dirigente sindical y muchas de las personas que acompañan su gestión vienen de esas canteras; por ello, no ha habido esa preocupación. Eso ha hecho también que, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, no se fortalezca el Viceministerio de Gobernanza, ha habido tres viceministros, tres secretarías de gestión. El diálogo es algo que se construye sobre base de la confianza, uno no puede hablar un día con una persona y comprometerse a algo y en la siguiente sesión con otras personas. Creemos que el gobierno no ha tomado con seriedad este tema y esto tiene un impacto en las comunidades que están reclamando y también en lo que significa ingresos para nuestro país, y ahora que necesitamos más inversión y reactivación económica, ese es un tema que debe ser tomado con centralidad por el gobierno.

El gobierno ha tenido algún acercamiento o intento de acercamiento con la Defensoría para contar con toda la información que ustedes manejan sobre los conflictos a nivel nacional?

Nosotros tenemos una Adjuntía para la Prevención de la Conflictividad y la Gobernabilidad que no solo saca los reportes públicos sino que tiene reuniones. En todos los espacios de diálogo estamos presentes, dando a conocer la posición de la Defensoría del Pueblo, dándole soporte técnico a quienes cumplen con esa función de mediación, de conducción del diálogo. Entonces, sí hay un acercamiento, pero por lo que decía antes vemos que hay un quebrantamiento porque un día la Defensoría se sienta con determinados funcionarios y a la otra semana son otros a los que nuevamente hay que explicarles toda la temática de fondo que tiene la conflictividad social en el país.

Declaraciones como las de la vicepresidenta Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, atacando a la minería y presentándola ante las inversionistas extranjeros con deficiencias o falencias que corresponden más bien a la minería ilegal, ¿qué tanto daño le hacen a ese proceso de búsqueda de solución de conflictos como el de Las Bambas?

Debo empezar señalando que desde la Defensoría del Pueblo, y en consonancia con lo que significan las actividades productivas y extractivas en el Perú, una minería sustentable con respeto a los derechos humanos es importante. Tenemos que pensar que no puede haber políticas públicas o sociales si no hay inversión. Entonces, sí, para nosotros sería importante que desde este gobierno más bien se procuren acciones para que la inversión en este tipo de actividades pueda ser muy consistente y que genere confianza para que otros inversores extranjeros puedan pensar en nuestro país, porque en lo que sí tenemos claridad es que nuestro país es un país minero y eso tiene que ir de la mano con los cuidados ambientales, sociales; es una de las principales riquezas que tenemos para que nuestra economía pueda reflotar.

La conflictividad no se reduce a Las Bambas o Cuajone. Hay otros problemas, una crisis de institucionalidad también. ¿Qué tanto puede hacer el Consejo de Estado en la búsqueda de consensos para llegar a una solución?

Sí, estos reportes de conflictividad de la Defensoría dan cuenta también de que las protestas sociales este año se han incrementado. Más o menos hay cien distintas a las que normalmente ocurrían y tienen que ver con la crisis alimentaria, facciones que quieren la renuncia del presidente, que se cierre el Congreso, etc. En la Defensoría estamos de acuerdo con que el presidente convoque al Consejo de Estado porque ahí están los poderes públicos y las instituciones autónomas que tienen una responsabilidad institucional para la preservación de la democracia, pero lamentamos que eso no haya sido posible. Ha llegado una respuesta del presidente -y entendemos que a todos los conformantes del Consejo de Estado- señalando que el Poder Ejecutivo está realizando Consejos de Ministros Descentralizados y está abocado a la solución de los problemas regionales y no se descarta la convocatoria a una sesión del Consejo de Estado, que será comunicada oportunamente…

¿El presidente trata de suplir al Consejo de Estado con esos Consejos de Ministros Descentralizados?

No suplir, sino dando cuenta de las prioridades que tiene…

Pero en esos consejos hay un embalse de expectativas, no soluciones ni acuerdos concretos. ¿Cómo ve eso la Defensoría?

Nos parece bien que haya una descentralización cuando hay objetivos claros, pero tiene que haber acuerdos como los Consejos de Ministros, que se daban en Palacio de Gobierno, que tienen actas y queda sentado en ellas qué es lo que se está acordando para así poder darles exigibilidad y trazabilidad a los compromisos (…) pero eso no tiene que ver con el Consejo de Estado, que debe ser convocado por el presidente porque nadie puede negar que en el país estamos en una severa crisis política, económica y se necesita una salida por los cauces democráticos.

¿La Defensoría del Pueblo va a tramitar algún pedido para que se reúna el Consejo de Estado?

No vamos a tramitar un pedido porque hemos visto que no hay esa voluntad. Sin embargo, con la presidenta del Poder Judicial se le ha reiterado al presidente del Consejo de Ministros que le manifieste al presidente esa obligación que tendría de convocar al Consejo de Estado, pero no hay esa voluntad...

De otro lado, ¿cómo ve la Defensoría del Pueblo este nombramiento de prefectos y subprefectos ligados al partido de gobierno y en una etapa preelectoral? ¿Hay preocupación en la institución?

En general no habría problema en que sean personas ligadas al partido, sin embargo, sí habría preocupación por las calificaciones o los antecedentes que vayan a tener estas personas. Hay algunas oficinas que han ido reportando este tema a nuestra sede central, todavía no tenemos una definición al respecto, pero sí hay una preocupación en la población por esos nombramientos que se están dando.

La Defensoría también alertó oportunamente sobre está debilidad del gobierno de llevar al Estado a personas que no son idóneas para ocupar cargos públicos. ¿Cómo ve esta situación?

Bueno, últimamente, de los cuatro ministros que han sido nombrados nosotros nuevamente hemos enviado una comunicación a la Presidencia del Consejo de Ministros manifestando nuestra preocupación por la falta de idoneidad en las carteras de Desarrollo Agrario y Transportes. El sector Agricultura para nosotros tiene especial relevancia porque estamos ad portas de una crisis alimentaria, de una hambruna, y se necesitarían los mejores cuadros para que puedan conducir las políticas y salir de esta situación. Precisamente estamos terminando un breve informe haciéndole ver al premier cuál es la situación de la falta de fertilizantes y todo el tema de la seguridad alimentaria en el país y trasladándole también la voz de representantes de la Conveagro en el tema regional y de otros órganos y representaciones de productores que están expresando a la Defensoría su preocupación porque no hay visos de solución tangibles...

Hay falta de idoneidad de funcionarios, de voluntad política para un diálogo, conflictos sociales embalsados y la demanda ciudadana de que la situación mejore. ¿Es necesario un adelanto de elecciones como, en su momento, lo planteó su antecesor Walter Gutiérrez?

En la Defensoría estamos claros en que debe haber una salida viable institucional dentro de los cauces democráticos, pero esa salida para un adelanto de elecciones, por ejemplo, tendría que poner en cuestión cuáles son los pasos que se deben seguir y darle a conocer a la población cuál es la ruta de acción de principio a fin; no se trata solamente de sacar a una persona. Pero eso pasa por quienes tienen responsabilidad, los dos poderes del Estado que están enfrentados: el Congreso y el Ejecutivo; de ellos depende deponer intereses partidarios y personales y poner el interés común primero.

¿Cree que hay esa voluntad?

Hoy día no hay esa voluntad, porque lo primero que podrían hacer es sentarse a dialogar sobre cómo dar viabilidad a la solución de esta crisis, eso no hay; más bien, siempre vemos ataques de un poder al otro y eso desgasta en un momento en que la ciudadanía requiere que todos los poderes del Estado e instituciones respondan a los problemas. La gente lo que quiere es trabajar, comer, las mujeres no quieren estar en un comedor popular dependiendo del Estado, quieren que les enseñen algún emprendimiento. Entonces, sí hay una demanda muy fuerte y no solamente tiene que ver con esta crisis sino con los efectos de la pandemia, la crisis global que existe, necesitamos un Estado fuerte que pueda responder a esa problemática.

TENGA EN CUENTA

Eliana Revollar es abogada. Ha asumido la conducción de la Defensoría del Pueblo en reemplazo de Walter Gutiérrez y en tanto el Congreso de la República elija a la nueva autoridad para un período de 5 años.

“En la Defensoría continuamos con la supervisión en salud, educación, violencia contra niños, mujeres, pero hemos agregado un tema referido a la pobreza, la crisis alimentaria, la empleabilidad y la necesidad de reactivación económica que son cuatro condiciones que se juntan para poder dar respuesta a los derechos humanos en la gran mayoría de personas que se están empobreciendo cada vez más”, informó.

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