En términos generales, está bien la decisión de la Comisión de Constitución, porque la Carta Magna no impide que el presidente pueda concurrir a hacer una declaración, sobre todo si es testimonial, por un hecho del pasado sobre el cual tiene conocimiento.
Nada prohíbe que el mandatario, en la medida en que no está ni investigado ni sometido a una acusación por un acto de su gobierno, pueda contestar lo que sepa del pasado, si es que sabe algo. Me parece que esta decisión que se ha dado es parte del juego democrático que existe.
Lo que sí me parece es que, en las conclusiones, el punto número dos –que indica que si el presidente no comparece ante una comisión investigadora, configuraría ello una infracción constitucional– es excesivo porque el jefe de Estado convocado puede decir que guarda silencio o que no tiene conocimiento y eso no significa resistencia a la comisión.
Esa conclusión no debería estar ahí porque no le da ninguna opción al mandatario; es como si tuviera que hablar y hablar aunque diga mentiras.