En gobierno de Castillo se entregaron 76,408 contratos públicos a dedo

Alarmante. El contralor Nelson Shack presentó ayer el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, una medición realizada al periodo de gobierno del golpista Pedro Castillo, que revela que entre las principales problemáticas encontradas en las entidades públicas del Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales, está el “fraccionamiento” ocurrido en las contrataciones públicas, con montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributaria (UIT), para que los contratos se realicen de forma directa y no pasen por un proceso de selección o licitación. Es decir, para ser entregados a dedo.

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“Tenemos 76,408 casos de estos detectados en el año 2022 y que han movido más S/9,250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles son las órdenes de servicio, y sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, les advirtió Shack.

Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, que entre sus cabezas tuvo al extitular de esa cartera Geiner Alvarado, se detectó que hubo 431 proveedores que habrían cometido ese presunto fraccionamiento, que representó el desembolso de cerca de 31.7 millones de soles.

Otro hallazgo del informe es que las entidades públicas contrataron a 8,441 consultores, que significó un gasto de más de S/123 millones, y que en más del 90% de esas consultorías de servicios, el personal que supuestamente tenía que hacer ese ‘servicio’ estuvo fuera del país. Presuntamente, se hizo de forma remota o no se hizo.

La investigación descubrió también que el 47% de los funcionarios del Ejecutivo no colocó en su declaración jurada a sus parientes. Algo similar pasó en los gobiernos municipales, con el 30%, que no cumplió con esa obligación; y en los gobiernos regionales, fue el 29%.

Sin embargo, el hecho que más llama la atención es que el 40% de funcionarios de esa gestión castillista tiene pendiente, hasta el día de hoy, sanciones penales y civiles por tener presunta responsabilidad en hechos de corrupción; de igual forma, el 45%, en gobiernos municipales; y el 28%, en gobiernos regionales.

El titular de la Contraloría confirmó que el monto de perjuicio económico por corrupción e inconducta funcional durante 2022 fue de S/24,419 millones. Para graficar lo grave de la situación, indicó que por cada 100 soles que se gastan, 13 se pierden por corrupción y que con esa suma global de perjuicio se hubiesen podido cerrar las brechas de pobreza en un año.

Shack dio a conocer además que el Gobierno Regional de Áncash y el municipio de Maynas, en Loreto, fueron las instituciones que lideraron el ranking de las 10 entidades públicas con mayor índice de corrupción en el país durante 2022 (ver cuadro).

La presentación del informe, que se realizó en el auditorio de la Contraloría General de la Re pública, tuvo como moderadores a la directora de Perú21, Cecilia Valenzuela; el presidente de Transparencia y columnista de este diario, Álvaro Henzler; y el experto en Ciencias Políticas, Carlos Meléndez.

[ANÁLISIS]

Cecilia Valenzuela, directora de Perú21: “La corrupción es extorsión y abuso”

“La corrupción es abuso y por eso destruye la democracia. Cuando un comerciante o el dueño de un restaurante se enfrenta a un alcalde, que le pone una multa de S/1.2 millones, se está enfrentando a la quiebra o a la necesidad de preguntarle: ¿cómo arreglo?… ¿Cuál es el mensaje de ese municipio? Extorsión y abuso, eso es la corrupción. El abuso no es otra cosa que autoritarismo”.

Álvaro Henzler, presidente de Transparencia y columnista de Perú21: “No somos una democracia desde 2022″

“Según la revista The Economist, no somos una democracia desde el año pasado. Y cuando uno se pregunta por qué, el Latinobarómetro ha sacado sus resultados en el que somos el peor país de satisfacción en su democracia, en sus partidos políticos y de sus autoridades de toda América Latina. ¿Por qué? La corrupción es el elemento corrosivo de la democracia”.

Carlos Meléndez, experto en Ciencias Políticas: “Este indicador es prueba fehaciente”

“Ya conocíamos por los programas dominicales que había muchos casos. Pero, con este indicador, como ha dicho el contralor, tenemos prueba fehaciente, objetiva y científica que lamentablemente la corrupción está presente en cada rincón del país. Y, al ser evidente, no tenemos nada más que buscar que se sancione y que se detenga”.

SABÍA QUE

-“Hay miles de funcionarios públicos corruptos, y decenas de miles inútiles; los primeros deberían estar presos”, dijo el contralor Nelson Shack.

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