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Este nuevo Congreso, que está a solo un año de terminar con sus funciones, ha impulsado con particular insistencia normas relacionadas a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Perú21 identificó 46 proyectos de ley sobre devoluciones de aportes, reformas del sistema, libre disponibilidad de fondos, entre otros que han salido de las bancadas Podemos Perú (PP), Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP), Frente Amplio (FA), Fuerza Popular (FP), Frepap y Somos Perú (SP).
Empresas vinculadas a cuatro congresistas mantienen deudas vigentes con las AFP por un total de S/628,547. Es decir, las compañías descontaron un porcentaje del salario de sus trabajadores destinado a los fondos de pensiones, pero nunca los depositaron. O sea, se quedaron con el dinero.
VÍNCULOS EMPRESARIALES
José Luna Morales (PP) propuso una ley que dispone la devolución total de aportes del seguro privado de pensiones y otra iniciativa para legislar sobre la diversificación de inversiones de las AFP.
El congresista –que preside la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) y es miembro titular de la Comisión de Economía– ha trabajado en Telesup (empresa de su padre, José Luna Gálvez); en la Sociedad Nacional de Telemática, Ciencias y Tecnología Asociados; en Intur Perú; y en la Escuela Internacional de Posgrado. En suma, esas empresas deben S/ 185,809. Este diario se intentó comunicar con Luna. Leyó los mensajes, pero no se obtuvo respuesta.
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Otro parlamentario en situación similar es Franco Salinas (AP), quien trabajó en Proveedora de Productos Marinos desde 2011 y, luego, en 2014, fue designado jefe de recursos humanos hasta 2018. Dicha firma no ha pagado S/311,389 a los fondos de pensiones de sus trabajadores.
Salinas, miembro titular de la Codeco, aceptó que la empresa tenía esos pasivos, pero dijo que no veía ningún conflicto porque él no era el dueño.
Luis Valdez (APP), vicepresidente del Congreso, fue director en la Universidad César Vallejo entre 2019-20. Dicha institución tiene un pasivo de S/123,065. “No tengo información, ni tampoco tengo legitimidad para adoptar posición”, respondió a este diario.
Su correligionaria Robertina Santillana –actual vicepresidenta de la Codeco– fue ejecutiva en el Centro de Automoción Perú (S/6,826 de deuda) y en Vía Televisión (S/1,457 de deuda). Santillana dijo que no estaba enterada del pago pendiente y rechazó que haya un conflicto de interés.
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¿APROPIACIÓN ILÍCITA?
Para el economista Carlos Adrianzén, este tipo de deudas deberían considerarse como delito de apropiación ilícita, pues es dinero de los trabajadores que se queda en las arcas de las empresas. “Es escandaloso, vergonzoso... Si las empresas no aportan lo que descuentan de los salarios, estamos hablando de un robo. El fondo de la jubilación de los trabajadores va a ser menor y la rentabilidad también”, apuntó.
Por otro lado, el abogado especialista en temas anticorrupción Eduardo Herrera consideró que en este caso sí existe un conflicto de intereses. “No es lo mismo ser un activista o una persona a favor de una idea que ser un empresario o alguien muy vinculado con un sector económico. Por eso, los legisladores deberían declarar sus posibles conflictos de intereses; luego, si están en una comisión en la que se va a discutir un asunto relacionado con sus intereses, deberían abstenerse, al igual que en una votación del Pleno”, sostuvo.
TENGA EN CUENTA
- El congresista José Luna propuso retirar el 100% de los fondos de las AFP. Dicho proyecto se envió a la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el propio Luna, en lugar de haberse derivado a la comisión de Economía.
- Luna ha anunciado que la iniciativa será aprobada por su propia comisión en la próxima sesión y luego pasado al Pleno para votación.
