Las empresas privadas con fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, no podrán dar aportes de ningún tipo en favor de los partidos políticos.
Tampoco podrán hacerlo las personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo.
La presidenta del grupo de trabajo, Úrsula Letona, destacó que la norma permitirá transparentar los recursos que utilizan los partidos. “En castellano, no más Odebrecht, no más empresas que busquen infiltrarse en los partidos políticos a cambio de recibir compensación a través de la adjudicación de una obra”, explicó.
Como parte de las modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas aprobadas ayer, la Comisión de Constitución acordó también que todo aporte privado en dinero que supere una unidad impositiva tributaria (UIT) –que equivale a S/4,050– deberá realizarse a través de entidades del sistema financiero.
Adicionalmente, se estableció una gradualidad en las sanciones por la entrega de regalos en campaña electoral. En ese contexto, la comisión acordó que, ante una primera falta, el infractor será amonestado públicamente.
En caso de reincidencia, el Jurado Electoral Especial impondrá una multa equivalente a 30 UIT, que supera actualmente los S/121,500.
* Las reformas electorales de aplicación necesaria en las elecciones municipales y regionales de 2018 se aprobarán en la comisión hasta el 24 de octubre próximo.
* El grupo de trabajo, sin embargo, tiene otros 70 proyectos de reforma sobre materias afines.