Dos empresas chinas se aferran a seguir ganando licitaciones, pese los cuestionamientos. China Railway Tunnel Group Co. Sucursal del Perú (CRTG) interpuso y obtuvo, en un juzgado de Apurímac, una medida cautelar que suspendió una sanción gracias a la cual podía seguir contratando con el Estado y asegurarse un millonario contrato con el Ministerio de Transportes; y el consorcio Piura y Castilla —conformado por la empresa China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Sucursal del Perú (CTCEG) y la empresa peruana JPC Ingenieros SAC— presentó una acción de amparo en un juzgado de Loreto, para frenar la cancelación de un reciente procedimiento de selección en el que obtuvo la buena pro del Ministerio de Vivienda.
MIRA: China Railway Tunnel tiene luz verde para contratar pese a estar investigada
El Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) informó ayer, a través de un comunicado, que el 27 de abril de 2023, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones (TCE), mediante la resolución N.° 2003-2023-TCE-S3, “sancionó” a la empresa CRTG —que está mencionada en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por el caso ‘Los Niños’—por el periodo de 36 meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, “por haber presentado documentación falsa y/o inexacta”.
Sin embargo, CRTG presentó “un recurso de reconsideración” a esa resolución en la primera semana de mayo. Paralelamente, CRTG —que está comprendida en las pesquisas de la comisión investigadora de empresas chinas presidida por el congresista Héctor Valer— interpuso una medida cautelar en el Primer Juzgado Civil de Abancay, a cargo de Miguel Alberto Chilet Chilet, para evitar ser suspendida de seguir contratando.
“De esta manera, con la precitada medida cautelar, el Primer Juzgado Civil de Abancay, no solo ha suspendido el procedimiento administrativo en curso, sino que además, se ha suspendido la sanción impuesta por el TCE, en el marco de sus competencias”, indica el comunicado del OSCE.
Como se recuerda, Perú21 reveló que, el 18 de mayo, CRTG firmó un contrato de 323,9 millones de soles con Provías Nacional por el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio de un corredor vial del trayecto Ayacucho-Huancavelica. Cuando se le consultó a la titular del MTC, Paola Lazarte, si se suspendería este contrato a raíz de la investigación que encargó a la Oficina de Control Institucional (OCI) del MTC, indicó que se seguiría el “debido proceso”.
Sin embargo, no es la única empresa china que ha recurrido a esas medidas legales en juzgados de provincias para seguir contratando con el Estado.
JUECES DE PROVINCIAS
El último martes, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, dijo que el consorcio Piura y Castilla obtuvo, el 16 de febrero de este año, la buena pro de un proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en asentamientos humanos de Piura, por el monto de 561,7 millones de soles.
El 30 de marzo, el Ministerio de Vivienda declaró la nulidad del procedimiento de selección. Y, el 13 de abril, el consorcio interpuso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) el recurso de apelación en contra de “la declaratoria de la nulidad de oficio”. Hasta la fecha, el TCE no ha resuelto esa apelación.
Pérez de Cuéllar dijo que el consorcio —en el que está la empresa china CTCEG— interpuso una acción de amparo en un juzgado de Requena, Loreto, y señaló que lamenta que “continúen las prácticas mafiosas, que utilizan acciones de amparo interpuestas en juzgados remotos, para obligarnos a suscribir el contrato”. Reveló además que el comité de selección a cargo fue designado en la gestión del exministro Geiner Alvarado, que se encuentra mencionado en la acusación constitucional contra Pedro Castillo, y el caso ‘Los Niños’. Agregó que ese comité ya fue removido.
RESPUESTA A CRTG
El pasado 29 de mayo, Perú21 recibió una carta notarial de CRTG, respecto de una nota publicada el 23 de ese mes. En el punto uno señala que “es falsa” la atribución que se le da al señor Jhon Jairo Gómez como “representante” de CRTG. Sobre ello, debemos precisar que consignamos como “representante” a Jhon Jairo porque en la ficha única de proveedores del Estado del OSCE de la empresa CRTG, vigente actualmente, aparece el correo electrónico institucional “jhon.jairo@crtg.cn” y su número de celular.
El señor Jairo respondió que “estamos habilitados conforme a ley” para contratar, y que la empresa, o sea CRTG, no tenía sanciones.
Sobre el segundo punto, respecto de la “información inexacta” en el sentido que CRTG “sostendría vínculos con autoridades políticas”, respondemos que este diario se limitó a dar cuenta de lo consignado en las páginas 52, 53 y 54 de la denuncia constitucional N.°307/2021-2026 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo, en la que se menciona a los congresistas Jorge Flores, Raúl Doroteo, Juan C. Mori, Elvis Vergara, Illich López y Darwin Espinoza, del caso ‘Los Niños’, al expresidente Pedro Castillo, y también a CRTG. “Los citados congresistas habrían ofrecido a las empresas peruanas (…) y a las empresas chinas China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, China Railway N.°10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group Co,, LTD sucursal del Perú (...) influir ante los funcionarios del MTC para que las favorezcan en las contrataciones referidas a los procesos en que se encontraban participando (…). A cambio del accionar antes detallado, los congresistas habrían obtenido beneficios económicos ilícitos”, se indica en el documento.
SABÍA QUE
-El director de Proética, Samuel Rotta, y el excontralor Fuad Khoury dijeron que las procuradurías del OSCE y de los ministerios de Vivienda y Transporte deben apelar las resoluciones judiciales.
-Una nueva ley de contrataciones también es la propuesta del director de Proética. “Podría haber una entidad que otorgue certificados anticorrupción a empresas que postulan a obras”, dijo Rotta.
-“Es una práctica que empresas con este tipo de problemas recurran a jueces de provincias donde la suspicacia es alta”, dijo el excontralor de la República, Fuad Khoury.