El endurecimiento de las penas para los policías y militares involucrados en la criminalidad, el nombramiento de un zar de la lucha contra la extorsión y la construcción de cárceles mediante el mecanismo de obras por impuestos son algunas propuestas incluidas en un paquete legislativo en materia de seguridad ciudadana que un grupo de reconocidos empresarios ha desarrollado para que sean debatidos por el Congreso.
Unidos en el naciente colectivo Peruanos de Estado este gremio, que participó en el foro Unidos contra el Crimen, organizado por el Parlamento, plantea modificaciones y adiciones al Código Penal, enfocadas en la lucha contra el crimen organizado y delitos graves como el sicariato y la extorsión.
Entre sus propuestas precisamente establece que las penas por estos delitos se agrave en 50% para los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que suministren armas o municiones para estos actos delictivos o estén involucrados en organizaciones criminales.
También se plantea prisión no menor de 15 años ni mayor de 20 años para los policías que se abstengan de avisar a la autoridad competente sobre la preparación o ejecución de un delito de extorsión, sicariato, organización criminal, conspiración al sicariato, que haya tomado con ocasión de su cargo o profesión, o del desarrollo de su actividad económica, oficio u otro equivalente.
Si el agente que no alerta sobre la preparación o ejecución de estos delitos actúan como operador telefónico, proveedor de servicios de internet u otro medio de comunicación será reprimido con prisión de entre 20 y 25 años y entre 735 a mil días-multa.
Peruanos de Estado propone, además, la creación de fiscalías ad hoc para la lucha contra el sicariato, además de la designación de un zar de la lucha contra la extorsión que será designado por el próximo Senado a partir de una terna propuesta por el Congreso.
REFORMA PENITENCIARIA
También plantea una reforma de la gestión penitenciaria que asegure la priorización de una infraestructura más eficiente y segura contando con la empresa privada, la que participará de la construcción de cárceles modernas, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, especialmente en las regiones donde existan presidios con sobrepoblación carcelaria.
Parte esta reforma incluye la aplicación de una política pública de ‘corrupción cero’ para el personal del INPE, la interconexión de todos los centros penitenciarios con la finalidad de monitorear en tiempo real el flujo de la entrada y salida de los internos, y la implementación de circuitos cerrados de videovigilancia para fortalecer la seguridad interna y externa de las cárceles.
GRILLETES ELECTRÓNICOS
En el documento entregado al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se promueve como un mecanismo para el deshacinamiento carcelaria la inmediata implementación de los grilletes electrónicos conforme a los alcances del Decreto Legislativo N.° 1585, así como la creación de un Sistema Especializado de Juzgados de Reos en Cárcel para atender las solicitudes de beneficio penitenciario de semilibertad con vigilancia electrónica personal, sobre todo para personas mayores de 65 años, con discapacidad física o mental permanente, enfermedades crónicas graves, entre otros que formen parte de la población vulnerable.
Peruanos de Estado agrupa a representantes de distintos sectores empresariales como Roque Benavides (Minería), Rosario Bazán (Agroexportación), Ricardo Márquez (Industria), Raúl Diez Canseco Terry (Educación) y Carlos Añaños (Industria), entre otros.
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