Contra el reloj. El JNE acelera el proceso de revisión de recursos. (Foto: GEC)
Contra el reloj. El JNE acelera el proceso de revisión de recursos. (Foto: GEC)

El Pleno del continuará sesionando este fin de semana para revisar y resolver, en audiencias públicas, las apelaciones presentadas tanto por como por Perú Libre en relación a la segunda vuelta presidencial.

El presidente de la entidad, , indicó que, desde el pasado 14 de junio, cuando se empezó a revisar las apelaciones, se ha buscado avanzar de forma rápida con la carga procesal pendiente a fin de hacer posible la proclamación del resultado final de la contienda.

En tanto, el abogado de Fuerza Popular, , reiteró que existe un “claro intento de fraude” en el proceso electoral. “Solicitaremos el padrón de electores de esas mesas. Al final, el JNE proclamará al candidato o candidata ganador y, en el supuesto de que perdiéramos, sería con fraude, un fraude claro y a flor de piel”, dijo a Perú21.

Agregó que, pese a ello, respetará la decisión de la entidad. “Ella ratificó su compromiso de respetar la decisión del JNE. Ir a instancias como el Poder Judicial es perder el tiempo”, refirió. Castiglioni informó que hasta la tarde de ayer, los JEE revisaron el 5% de las actas observadas, que en total son 1,000. “Se han revisado 50, luego vendrán las nulidades”, precisó.

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Por su parte, el asesor jurídico de , Aníbal Torres, reiteró que los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular carecen de fundamento. Mientras, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión hizo un llamado al Jurado para que continúe resolviendo las impugnaciones, nulidades y demás recursos en audiencias públicas, avalando la búsqueda de la verdad y el derecho a la libertad de expresión.

ESTADO DE DERECHO

Por otro lado, el presidente calificó de “inaceptable” que un grupo de militares retirados de las Fuerzas Armadas pretendan incitar a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina a quebrantar el Estado de derecho.

En un mensaje desde Palacio de Gobierno, informó que ha solicitado a la ministra de Defensa, Nuria Esparch, el envío de un oficio al Ministerio Público para que este, “en el marco de sus competencias, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional”.

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