Proyecto que impide postulación de sentenciados es viable, coinciden especialistas

Una manera de reducir la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades elegidas es eliminando las razones para que sean asociadas con presuntos actos de corrupción e impunidad. Dada la gran cantidad de postulantes con antecedentes, entre ellos condenas por hechos graves, es un tema que debe estar en la agenda del debate de las reformas electorales, a menos de un año de convocarse las elecciones generales de 2021.

En las congresales pasadas, el JNE publicó un reporte que señalaba que del total de candidatos al Congreso, 186 tenían una sentencia penal en su contra. Según el JNE, un 15.6% eran condenados por delitos de corrupción, como peculado, cohecho y colusión.

Precisamente, el reporte indicó que Somos Perú era el partido con la mayor cantidad de candidatos con sentencia: 14 de 140 postulantes. Lo seguía UPP con 22 condenados de 140 candidaturas; y Podemos Perú con 13 de sus 134 postulantes.

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Nivel de representación

Esta situación podría revertirse si se aprobara el proyecto de ley del congresista Gino Costa (Partido Morado). La iniciativa busca modificar el artículo 34 de la Constitución para impedir que condenados en primera instancia por delitos dolosos postulen a algún cargo de voto popular, como el de presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores.

“La idea del proyecto es mejorar la calidad de la representación. En esos casos, la justicia ya rompió con la presunción de inocencia. Si después de afrontar un proceso que ya tuvo varios años y hubo un pronunciamiento, debería ser suficiente para que no se pueda aspirar a un cargo de elección popular”, aseveró a Perú21.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, comentó que la lógica de una norma como esta es evitar que se use el Parlamento como un mecanismo para evadir la justicia. “¿Cómo se impide? Reduciendo el incentivo a que alguien que ya tiene una condena vea esto como un camino, una salida a su problema personal”, expresó.

Al respecto, el constitucionalista Omar Cairo coincide en que el proyecto es válido dado que no vulnera el principio de presunción de inocencia.

“En este caso no se le considera como delincuente (hasta confirmarse en segunda instancia) sino para que enfrente la alta probabilidad de que sí lo sea. Esa alta posibilidad sería dañina para el cargo público al que aspira”, explicó Cairo a este diario.

Lanegra insistió en que se trataría de una medida excepcional que restringe un derecho político ante la gravedad de los delitos graves que se cometen, como corrupción, narcotráfico y que impediría que se use el cargo público para darle una vía de escape.

Sabía que..

-Lanegra dijo que la medida debe ser complementada con la reforma de la inmunidad parlamentaria. “Abona al incentivo perverso que tienen personas con problemas judiciales”, aseveró.

-Un proyecto similar fue impulsado por el excongresista Víctor A. García Belaunde (AP). “Impedía que ingrese al Estado alguien sancionado por lo mismo”, indicó.

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