La Contraloría General de la República informó que realizará un acompañamiento a la transferencia de la gestión administrativa de los gobernadores regionales y alcaldes, entrantes y salientes, tras los resultados de las elecciones del próximo 7 de octubre. El órgano de control busca que este proceso se desarrolle de acuerdo a la normatividad vigente para garantizar la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos.
Si el control preventivo es eficaz, se evitará que los ciudadanos se vean afectados por la interrupción del servicio de recojo de basura, paralización de obras que afectan el tránsito vehicular o que el personal de los gobiernos regionales o locales se perjudiquen por una eventual falta de pago, entre otros.
La entidad que dirige Nelson Shack recordó que la transferencia de la gestión permitirá que la autoridad electa rinda cuentas —de manera documentada— sobre la situación administrativa, operativa, económica financiera, así como de los avances, los resultados, logros y asuntos urgentes de prioritaria atención.
Para ello, las autoridades salientes deben conformar un grupo de trabajo que tendrá como responsable al gerente regional, gerente general o quien haga sus veces para realizar las acciones preparatorias del proceso de transferencia de la gestión administrativa.
No obstante, la Contraloría indicó que también realizará un control posterior, para verificar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de transferencia, desde la conformación del grupo de trabajo encargado de las acciones preparatorias hasta la publicación en el portal institucional de la entidad del Informe de Rendición de Cuentas.
Jornada de control
Por lo pronto, del 14 al 17 de agosto, se realizará una jornada de control a nivel nacional a fin de verificar la veracidad de la información declarada por las autoridades salientes en el Reporte Preliminar del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia.
Aquellas autoridades (salientes o entrantes), funcionarios o servidores de la entidad que realicen actos orientados a ocultar información, o entorpecer e impedir, incumplir u omitir sus obligaciones quedan sujetos a la responsabilidad administrativa o responsabilidad penal que será puesto a conocimiento del Ministerio Público.