Cada año la Contraloría publica un informe en el que presenta en números el daño que genera la corrupción en el Perú. El reporte muestra los resultados de la supervisión al uso del presupuesto que se asignó a las entidades del Estado, una función que está estipulada en el artículo 82 de la Constitución.
Para ello, el organismo debe resolver una interrogante: ¿en qué se gastó el dinero? Y luego, por añadidura, tiene que aclarar cómo se contrató, a quién se contrató, cuánto dinero se usó, para qué y por qué se usó. Un seguimiento milimétrico a la ruta del dinero.
En 2019, “el cálculo del tamaño de la corrupción”, como lo describió el contralor Nelson Shack en su presentación ante el Congreso, superó los S/23 mil millones. Una cifra estratosférica que equivale al 3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según el mismo reporte.
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Solo en Lima, las pérdidas económicas ascendieron a más de 10 mil 300 millones de soles, el monto más grande por región. Le sigue el Callao, la provincia constitucional, con más de mil millones de soles en perjuicio económico. No son datos menores: la primera es la capital del Perú y la otra tiene el puerto más importante del país.
El incremento no debe sorprender si se advierte que las pérdidas económicas han ido en aumento en los últimos años.
En 2016, el entonces contralor Fuad Khoury informó que el Perú perdía S/10 mil millones anuales por corrupción. De esa estimación, no obstante, dijo que “lo que se ha logrado detectar es 3 mil millones de soles”.
Es decir, había 7 mil millones de soles que no podían ser rastreados aunque se supiera que fueron mal usados. Podría decirse que era un robo que quedaba impune.
En 2018, el perjuicio ya se situaba en 12 mil millones de soles, según la Contraloría. Pero aunque las cifras proyectan la magnitud de la corrupción, esta no se limita al dinero.
El caso Lava Jato demostró que la corrupción es sistemática y perdura en el tiempo. Alfonso Quiroz lo advertía en su libro Historia de la corrupción en el Perú: “Ciertos modos de corrupción probados en el tiempo tienden a perdurar, puesto que sus redes heredan prácticas generales y específicas”.
Empresarios y funcionarios se coludían para sacar más dinero al Estado adjudicando proyectos a cambio de coimas, aumentando el precio de las obras y repartiéndoselas entre compañías amigas y socias.
“La corrupción opera en un mercado de oferta y demanda”, dijo a Perú21 el empresario y expresidente de Proética Jorge Medina Méndez. “Es un fenómeno en el que los partícipes hacen un análisis de costo y beneficio; o sea, estamos describiendo un negocio”, alegó.
Medina indicó que la corrupción no solo existe cuando hay una coima de por medio, sino “cuando se abusa del poder” buscando un beneficio.
Según la Contraloría, son 3,079 funcionarios los que han sido procesados penalmente en 2019. De ellos, al 85% se le imputaron los delitos de negociación incompatible, colusión y peculado.
En los tres casos el dinero no aparece en el medio. Esos tres delitos refieren al aprovechamiento indebido del cargo para beneficio propio y/o de terceros: contratar a un familiar, direccionar una contratación y usar recursos públicos para fines personales.
Para Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, la corrupción “es un problema multidimensional”. “La corrupción es una institución, un Estado más allá del Estado, afecta nuestro desarrollo porque afecta la estabilidad política y ha reducido potenciales fondos públicos para inversiones prioritarias”, manifiesta.
La corrupción ha estado arraigada en el desarrollo del país. De acuerdo con Quiroz, existe desde la época colonial. Lo que se hace para combatirla parece insuficiente, pero resignarse, aceptarla y dejar de exponerla sería aún peor.
-Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 2% del PBI mundial se va en sobornos.
-La Contraloría también dejó cifras por sectores. En Transportes y Comunicaciones registró un perjuicio de casi S/3 mil millones; en Salud ascendió a mil 152 millones 452 mil 612 soles; y en Educación fue de mil 749 millones 59 mil 489 soles en 2019.