El Congreso se fue de vacaciones y dejó un cúmulo de críticas

En la previa, los gremios empresariales más importantes del país emitieron un pronunciamiento para señalar que “las decisiones del Congreso ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado”.

Hacían referencia al proyecto de ley, aprobado en primera votación, que incorporaría como requisito para ser organización criminal que estos grupos delictivos controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, lo cual, advirtieron, dejaría fuera a los condenados por extorsión, secuestro y asalto. Nada más y nada menos.

También se expresaron “en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos”.

¿Por qué el Congreso no lee lo evidente?

El presidente de ADEX (uno de los gremios firmantes del pronunciamiento), Julio Pérez Alván, podría tener la respuesta. En diálogo con Perú21, señaló que el Parlamento “está jugando un partido aparte y eso no sé si será bueno solo para los miembros de los partidos políticos, pero para la mayoría del país no lo es”.

Esto lo mencionó tras relatar que los empresarios han sostenido dos conversaciones con la mandataria Dina Boluarte y con el ministro del Interior, y estos les han prometido que serán incorporados al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. “Tenemos reunión este martes. Parece que ya nos van a hacer partícipes”, sostuvo. A contraparte, el Parlamento da señales contrarias.

Hizo hincapié en lo perjudicial que resulta que no se haya aprobado en el Pleno la norma que impediría a condenados por delitos gravísimos, como asesinato, secuestro, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o rebelión, entre otros, postular a cargos de elección popular hasta por un lapso de 10 años posteriores al cumplimiento de su pena. La citada norma fue devuelta a la Comisión de Constitución.

“Me parece que varias bancadas querían trabar esta norma defendiendo a sus potenciales candidatos, porque sabemos que una gran parte del Congreso tiene una serie de cuestionamientos legales. Se ha querido entrampar todo esto, es increíble lo que ha pasado”, lamentó.

Estos tristes indicadores se producen durante la gestión de Alejandro Soto, actual titular del Legislativo, que “es una de las peores que ha tenido el Parlamento en las últimas décadas”, en palabras del especialista en temas congresales Alejandro Rospigliosi.

“El implemento de la política del avestruz, de no dar cuenta a los ciudadanos de sus actos a través de los medios de comunicación, es lamentable. Además, existe una sobrepoblación laboral innecesaria que tiene el fin de pagar favores políticos”, refirió a Perú21.

Al igual que el presidente de ADEX, Rospigliosi criticó la ley que perjudica el allanamiento como una herramienta de investigación. También lo hizo con la que debilita la colaboración eficaz y la que exime a los partidos políticos de ser investigados. Sobre esto último, señaló que con la norma “les han dado corona y han vuelto intocables” a las organizaciones políticas.

“Hay bancadas que tienen intereses subalternos en determinadas materias y promueven leyes para beneficiarse o para beneficiar a sus partidos políticos. En una democracia moderna, nadie debe estar exento de control”, culminó.

El concierto de normas aprobadas por el Congreso no tiene mayor oposición del Gobierno. Y es que la buena relación de ambos poderes del Estado tiene base en acciones como la luz verde al pedido de facultades delegadas, ayer, en el último Pleno de la legislatura. ¿En qué temas se otorgaron las facultades? En total, fueron diez temáticas aprobadas. Tras la primera votación favorable, el Parlamento votó la exoneración de segunda votación, pero no alcanzó el mínimo requerido de 78 adhesiones. La segunda votación será en siete días calendario. Cuando culmine la semana de representación, que va del lunes 17 al viernes 21 de junio, se convocará a la Comisión Permanente, la cual contará con facultades para legislar hasta el 19 de julio.