Edwin Donayre reiteró que la acusación en su contra no tiene sustento, puesto que él  asegura no haberse apropiado de combustible para comercializarlo. (Foto: Congreso de la República)
Edwin Donayre reiteró que la acusación en su contra no tiene sustento, puesto que él  asegura no haberse apropiado de combustible para comercializarlo. (Foto: Congreso de la República)

Redacción PERÚ21

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El congresista () cuestionó esta tarde la insistencia del Poder Judicial para que el Legislativo le levante la inmunidad parlamentaria y haga efectiva su condena a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el caso conocido como 'Gasolinazo'.

“El mismo Poder Judicial dice supuesto delito de tráfico de combustible. Si es supuesto incita la presunción de inocencia, entonces yo no entiendo por qué la desesperación”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

El legislador reiteró que la acusación en su contra no tiene sustento, puesto que él asegura no haberse apropiado de combustible para comercializarlo.

Donayre precisó que será el propio Parlamento el que defina su situación e indicó que él no se ha reunido con otros congresistas para buscar algún tipo de blindaje.

“Será el Congreso el que determine [mi situación] y aseguro que con ningún congresista yo he hablado para blindarme, para protegerme, con ninguno”, señaló.

Recordó, en esa línea, que su caso no tiene parecido con el de su ex colega de bancada Benicio Ríos, quien fue desaforado tras ser sentenciado a siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Añadió que su expediente está aún en primera instancia.

El también General del Ejército Peruano (R) dijo que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso tendrá que darle la oportunidad de defenderse.

“En la comisión de levantamiento de Inmunidad tendrán que darme la oportunidad [de defenderme], porque es un derecho y el Congreso tiene que respetar esos procesos del derecho a la defensa", manifestó.

Como se recuerda, Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por delito de peculado en agravio del Estado por la apropiación ilícita de combustible que fue asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.

El fallo fue dictado por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.