Edison Lanza: “Proyecto (que regula la publicidad en medios privados) genera discriminación”

El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder (Apra), que propone prohibir la publicidad estatal en medios privados, está pendiente de debate en la Comisión Permanente del Congreso de la República. Al respecto, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, hace una evaluación.

¿Qué consecuencias habría para la libertad de expresión si se aprueba el proyecto tal como ha sido presentado?
El proyecto actual nos preocupa porque, de algún modo, alegando una causa legítima, como cuidar los recursos del Estado, en realidad lo que está generando es una discriminación en contra de los medios del sector privado y eso, obviamente, afecta de manera desproporcionada el ejercicio de la libertad de expresión.

El argumento es el aumento del gasto estatal para publicidad en los medios.
El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, si bien es legítimo que el Congreso se preocupe de controlar el gasto público, en este caso, como está dirigido a los medios de comunicación, mediante los que se informan las personas, hay un principio básico que es cuando se toma una medida para proteger un interés del Estado, y que afecte la libertad de expresión. Hay que manejarlo de tal manera que afecte en la menor medida a este derecho.

¿Qué efectos concretos representa esta iniciativa?
La libertad de expresión tiene una característica muy especial como derecho y tiene dos dimensiones: una más individual que expresa pensamientos e ideas del comunicador y, por otro lado, una colectiva, que tiene que ver con el derecho de la gente de recibir información, noticias, etc.

Afectaría a varios sectores.
Prohibir totalmente la publicidad oficial afecta de un modo importante porque es un mecanismo de ingreso para los medios privados. Entonces, retirar esto y favorecer solo a los estatales generará un efecto en la sostenibilidad, así como también afectará el derecho de la gente a informarse sobre las campañas que hace el Estado y que son muchas.

¿Cuál es la solución?
Creo que no es ni la discrecionalidad absoluta que existe hoy, ni la prohibición total que se quiere imponer. Hay que establecer una serie de reglas objetivas para que se haga esa distribución acotando el margen de discrecionalidad que tienen los organismos públicos para distribuir publicidad oficial, y que esta obedezca a ciertas finalidades.

¿Poner reglas de juego?
Se podrían establecer topes, porcentajes, pero con criterios que se combinen. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que los montos que se destinan para publicidad estatal sean exorbitantes. Se trata de tener reglas claras, precisas y de control, no de prohibir.

La propuesta sugiere que la publicidad se pueda hacer por redes sociales.
Tiene doble problemática, una de las cuales tiene que ver con el número de personas que no tiene acceso a Internet. Muchas veces la información oficial está relacionada a problemas con el servicio estatal en una zona determinada, y no se informarían. Tampoco podrían informarse de un plan que podría beneficiarles. Por otro lado, se está discriminando a los medios nacionales, que son los que generan información, y se está favoreciendo a una plataforma multinacional, al momento de pagarles para colocar la publicidad, que tiene sede fuera del país y que solo contribuyen a compartir la información pero no la crean.

¿En la región se han visto propuestas similares a la presentada por Mulder?
Que quede claro que no hay una obligación del Estado para poner publicidad. Lo que sí hemos visto son decisiones vinculadas a una crisis donde el Estado restringió la publicidad para todos, tanto públicos como privados y comerciales, porque necesitaba gastar menos. Pero eso aplica a todos, no a unos sí y a otros no, pues lo cierto es que cuando el Estado hace publicidad, debe manejar una equidad.

Hace un tiempo se presentó un proyecto que establecía la prohibición de que investigados por corrupción dirijan medios, y luego fue modificado a sentenciados.
Sí, el que tenemos ahora (del congresista Mauricio Mulder) es el segundo proyecto que puede tener un impacto negativo en los medios, lo cual nos presenta una mala señal, una señal de preocupación.

¿A qué se refiere?
El problema aquí es que esto se hace bajo procedimientos acelerados, sin participación de los actores involucrados, y cualquier medida que afecte los derechos humanos y la libertad de expresión debería tener una amplia discusión.

¿Lo dice porque fue enviado directamente a la Comisión Permanente?
Yo he enviado una carta a la Cancillería y al Congreso consultando cuál es la razón de que exista un apuro para sacar esto. Ya hay una ley sobre la asignación de publicidad estatal que debería reglamentarse, esclarecerse algún punto, entonces no conozco las intenciones.

DATOS:

* El proyecto del congresista Mauricio Mulder fue exonerado de trámite de comisión (Transportes y Comunicaciones) y será debatido en la Permanente.

* No obstante, el presidente de dicho grupo, Roy Ventura, considera que se debe escuchar a la sociedad civil y ampliar el debate sobre esta iniciativa.

* El congresista Armando Villanueva (AP) también ha presentado un proyecto relacionado con la publicidad estatal en medios. No restringe de manera absoluta la publicidad, pero sí establece reglas para su aplicación.