Edgar Alarcón: “Adenda de Chinchero sería ilegal”

Se han publicado cuentas del presidente donde hay depósitos vinculados a Odebrecht. ¿Su opinión?Llama la atención, habría que verificarlas, pediremos al fiscal información sobre este caso. El presidente, como todos los titulares del pliego, tiene una declaración jurada de ingresos y rentas en la Contraloría. Hay que compulsar.

¿Y si no está consignada?Lo comunicamos y hacemos saber la observación. Él ya presentó una declaración, el fiscal lo determina.

¿El ministro de Agricultura tiene una empresa que hace supervisiones?Sí, supervisa, brindó servicio en Olmos, en el Hospital del Niño en San Borja. Ahí hemos encontrado responsabilidades. Cuando asumió el ministerio, se desvinculó.

Parece que la primera pregunta que hay que hacer es si existe corrupción o no en los megaproyectos. ¿En el aeropuerto de Chinchero la hay?Diría que hay preocupación. Ha habido mucha celeridad y poca diligencia para revisar la documentación y la parte legal al firmar la adenda.

A Contraloría le sorprende que la hermana del premier Fernando Zavala trabaje en el proyecto Chinchero.No evaluamos eso, pero sí llama la atención. Durante los tres primeros años no se pueden modificar los contratos de APP, salvo cuando hay errores materiales, por temas operativos o se presente una solicitud de un acreedor permitido (un banco, alguien que esté dispuesto a financiar el proyecto al concesionario). Kuntur decidió negociar con Goldman Sachs. Este reúne las condiciones para ser acreedor permitido. De acuerdo a las normas, el concedente, el MTC, debía darle una autorización o reconocimiento. Conforme a lo revisado, no ocurrió. Eso implica que, al no estar autorizado, Goldman Sachs no podía haber solicitado la emisión de la adenda.

¿La adenda de Chinchero sería ilegítima?Sería ilegal. Lo que más se ha criticado es que se cambió la modalidad de pago. El contrato establecía que los US$264 millones que cuesta solo la etapa de construcción de la infraestructura se pagarían a partir de 2015 en cuotas trimestrales. Si bien los pagaba el Estado, era responsabilidad del concesionario conseguirlos. Como la tasa de interés era alta, el acreedor permitido solicita una adenda donde se decide que el Estado asuma. Pero ya no había acreedor permitido, esa es una observación, y el Estado financia. El contrato inicial no precisaba un tope para el porcentaje de los intereses financieros, llegaban al 22%. Esa es otra observación. Pero el monto que pagaría el Estado es nominal. No se ha ahorrado nada porque no había compromiso para pagarlo, no se firmó nada. Si se firmaba con ese acreedor permitido, ahí sí el Estado pagaba esa suma.

Ahora el Estado financia.La diferencia es la forma. Antes Kuntur conseguía el dinero y el Estado pagaba luego de 5 años. Ahora el Estado consigue el dinero y paga por avance de obra. Se ejecuta un hito y se paga cada tres meses. Lo cuestionable es que se considera un adelanto de obra, cosa que en las APP no se maneja. Son dos etapas, movimiento de tierras y ejecución de infraestructura. Los US$264 millones son para infraestructura, pero el adelanto no se entregará cuando termine el movimiento de tierras. La adenda indica que se dará 30 días antes de que se inicie el movimiento de tierras. Dos años y 30 días antes de que se utilicen esos recursos. Se puede pensar que el Estado está financiando el capital de trabajo para el movimiento de tierras.

¿De cuánto es el adelanto que se entrega con tanta antelación?De US$40 millones, que son para trabajos de infraestructura que se harán de acá a dos años. Además, el adelanto se hace con base en el hito más costoso, que recién se hará en junio de 2021. Cuesta US$35 millones más el descalce.

¿Hay corrupción?En la auditoría se debe determinar. Finalizará máximo en tres meses. Lo mencionado es con base en el análisis del sustento de la adenda.

¿Esa adenda no debió firmarse?Ha habido un poco de precipitación. Hay cosas que se deben aclarar.

¿El aeropuerto de Chinchero es seguro?En 2014 se hicieron observaciones de riesgo aeronáutico, las vamos a contrastar con la auditoría. Pediremos la información.

Talara son US$4,800 millones…Tenemos una comisión de auditoría ahí. Hay obras auxiliares que no se han adjudicado oportunamente, generándose un retraso de dos años. Con los adicionales y la demora podría pasar a US$5,000 millones.

¿Haremos un papelón en los Panamericanos?Si no se toman las acciones correctivas en máximo dos meses, no terminarán.

Mariella Balbi / Periodista