Duberlí Rodríguez: "TC no puede convertirse en última instancia del PJ"

Duberlí Rodríguez no acepta que le imputen al Poder Judicial la responsabilidad por la excarcelación de los terroristas Margot Liendo y Osmán Morote. Asume una cuota en esto, pero señala que la inacción de la Fiscalía y el procurador son el origen de que los senderistas tengan ahora prisión domiciliaria.

¿El fallo del Tribunal Constitucional para Ollanta Humala y su esposa es justo?
No puedo calificar de justo o injusto lo que decide el TC. La justicia constitucional puede revisar decisiones judiciales porque la ley lo permite. Suele revisar lo relativo a hábeas corpus y amparos…

¿Es un fallo adecuado, se sostiene que elevará el estándar de la prisión preventiva?
No, no. No es una sentencia o precedente vinculante. No dice que en adelante los jueces del Perú no pueden aplicar la prisión preventiva. Es un caso individual que servirá de referente para que en algún momento se considere pertinente.

¿Por qué no es vinculante?
No es vinculante porque la sentencia tendría que decirlo así, expresamente. Es un pronunciamiento del TC. Ellos no pueden pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad. Solo sobre una medida provisional como la prisión preventiva.

La doctora Ledesma, del TC, dice que se están creando reglas precisas…
Esa es la opinión de ella. También es válida la opinión de la mayoría del TC. Si varían las condiciones para Humala/Heredia, los fiscales podrían pedir la preventiva. Es una medida provisional. Puede reactivarse…

Pero el TC ya dijo que no procede, se puede aplicar a otros.
No pues, el TC no va a pronunciarse en toditos los casos. Sería una intromisión un poco desproporcionada. El TC tiene que autorregularse, no pueden convertirse en la última instancia del PJ.

¿Es un fallo político?
No me corresponde calificarlo.

¿Vendrán miles de amparos al TC?
No es la primera vez, han desestimado varias demandas.

El fallo de mayoría indica que los audios que sustentan la compra de testigos de Humala en el caso Madre Mía –con lo cual el fiscal sustenta la preventiva– deben pasar por un peritaje…
El TC no puede valorar la prueba, eso se hace en el juicio oral. Ellos están haciendo una valoración, no les corresponde hacer una valoración de prueba. Pero no he leído toda la sentencia.

¿La leerá?
Sí. Pero ellos no pueden ir al fondo. Si así fuera, condicional, se habrían extralimitado.

¿Hay un bullying contra usted y el Poder Judicial debido al dictamen de prisión domiciliaria otorgados a los senderistas Osmán Morote y Margot Liendo?
No sé si llamarlo bullying, sí hay una crítica desmesurada. Es un derecho de cualquier ciudadano criticar las decisiones judiciales, pero de ahí a convertirlo en una campaña ya prácticamente difamatoria es otra cosa.

¿Percibe una campaña?
La ha habido, entiendo que ya terminó porque dimos una respuesta oportuna e inclusive hemos aceptado autocríticamente nuestras responsabilidades…

¿Qué busca la campaña?
Hay quienes quieren aparecer como los abanderados de la lucha contra el terrorismo y que el Poder Judicial no está en esa línea, particularmente su presidente. Para ello me sacan un proyecto de ley de amnistía de 1985 presuntamente para terroristas y eso lo he aclarado mil veces, se armó una tormenta…

Pero usted responsabilizó a la Fiscalía y al procurador por la prisión domiciliaria de estos terroristas…
El primero que se ha dirigido en términos inapropiados es el procurador. Es un abogado del Estado y tiene deberes de conducta procesal, entre ellos respetar a los jueces. No puede decir que “es un tribunal infame y cómplice del terrorismo”. Es un despropósito…

¿Sancionable?
El tribunal le podría llamar la atención. No se puede insultar.

¿La autocrítica es que ha demorado el juicio de Tarata?
Es un caso emblemático que comenzó el 14 de febrero de 2017 y aún no termina. Esa es nuestra responsabilidad…

¿Cómo reparte las culpas entre fiscales y procurador…?
El juez juzga, no es fiscal ni procurador. El caso Tarata se inicia en abril de 1992…

Más de 30 años... Un escándalo, ¿no?
Perdón, ya hubo un proceso judicial donde se condenaron a seis terroristas en 1995 como actores materiales de los hechos de sangre. Pero en 2012 la Fiscalía consideró que debía incluirse como autores mediatos a la cúpula de Sendero. Entre marchas y contramarchas de la Fiscalía –lo archivaba, lo reabría– recién en 2014 remite una denuncia al juzgado y en enero de ese año se abre el proceso. Pero el Poder Judicial no investiga, sino el Ministerio Público. Ellos presentaron la acusación el 3 de noviembre de 2016. Por eso el 14 de febrero de 2017 se inició el juicio. No hay una demora desmesurada del PJ.

¿La Fiscalía es la que demoró el caso Tarata?
Por lo menos entre 2012 y 2016. Nuestra autocrítica es demorar un año y no haber terminado. Se está terminando la actividad probatoria y en tres meses máximo finalizará el juzgamiento. Los miembros del tribunal están avisados de que tienen que acelerar el proceso: programar más audiencias en la semana y no una, si quieren habilitar sábado y domingo…

¿Por qué no lo hacen?
Creo que lo van a hacer.

¿Tarde?
La mejor autocrítica es no hacer lo malo que estabas haciendo y acelerar el proceso.

Liendo y Morote cumplieron su condena de 25 años por terrorismo agravado en 2013. Ante ello, la Fiscalía pide prisión preventiva en 2014 que duraba hasta la fecha…
No, hasta marzo de 2016…

No es un tiempo muy largo. Hay personas que están más de tres años con prisión preventiva, como César Álvarez.
No conozco su caso. En el proceso penal todo tiene plazos. No podemos comparar con un caso que podría estar mal manejado. Lo concreto es que pasaron tres años y un juzgado les dio la libertad por exceso de prisión preventiva. El fiscal apeló y en julio de 2017 se confirmó la excarcelación. Pero como estaban en juicio oral, la defensa de Morote y Liendo planteó a la sala que se ejecutara esa decisión. Lo que se ha criticado no es un auto de libertad, sino de excarcelación en cumplimiento de lo resuelto en 2017.

¿El fiscal no actuó entonces?
En julio de 2017, el fiscal pudo presentar un recurso de nulidad. Si la Corte Suprema lo declaraba fundado, podían haber continuado en prisión. Pero el fiscal no dijo nada. La Procuraduría no puede impugnar, pero pudo pedírselo a la Fiscalía.

¿El juez no pudo advertirles?
El Poder Judicial no anda de la mano con la Fiscalía ni con la defensa. El juez es un tercero imparcial. Le he pedido al fiscal de la Nación reunirnos para redactar un protocolo de actuación conjunto solamente para 1) evitar que se quiebre el proceso, 2) que haya excarcelaciones por vencimiento de la prisión preventiva. He creado una suerte de lema: cero excarcelaciones por vencimiento de la prisión preventiva. Pero también le plantearé estar con las antenas bien puestas con la figura de la prescripción. También hay acciones penales que pueden prescribir.

¿Y el caso de Humala/Heredia, que ya salieron?
No estaba vencido el plazo de prisión preventiva.

¿La condena de 25 años a Morote y Liendo fue benigna?
En el derecho penal no hay delito sin ley, todo debe estar en la ley. Cuando los condenaron, la máxima pena eran 25 años. A Guzmán se le aplicó la cadena perpetua porque su investigación comenzó después, es un tema de plazos. En 2007 Morote, obvio, interpuso un recurso de nulidad. La Fiscalía y el procurador no hicieron nada. Subió a una sala de la Suprema que yo integraba. Nos vimos limitados a otorgar la nulidad por la “reforma en peor”…

¿Qué es eso?
En derecho penal significa que si a uno lo condenan a 10 años y es el único que impugna la pena, no lo haces para que te la aumenten. O te quedas con tu pena o te la borran. Si el Ministerio Público impugna, se puede aumentar la pena. Pero eso no ocurrió.

¿El terrorismo ‘descerebró’ al sistema judicial?
Eso también es sobredimensionar las cosas. Al terrorismo sanguinario lo derrotaron militarmente nuestras FF.AA. y la Policía. Jurídicamente se condenó a toda la cúpula, la mayor parte tiene cadena perpetua y penas altas. Falta la derrota ideológica. Busca infiltrarse en las universidades, sindicatos, magisterio (la huelga del año pasado estuvo fuertemente influenciada por el senderismo). Ahí la responsabilidad de los partidos políticos.

El ministro de Justicia dijo que el fallo afecta gravemente a la seguridad nacional…
Vigilar la seguridad nacional no es tarea del Poder Judicial, sino de la Policía, del Ministerio del Interior, del gobierno, como la educación es tarea de su ministerio. Es una exageración del respetado ministro de Justicia, a quien le he pedido que reunamos al Acuerdo Nacional por la Justicia. Ha dicho que sí.

Les pidió celeridad en el caso Tarata.
Eso ya está y no por su intermedio. No necesitamos consejos de nadie…

¿Está siendo pedante?
No. Yo ya hice una autocrítica. Si no la hubiera hecho, sería pedante o soberbio. He dicho en 20 mil declaraciones que tenemos una cuota de responsabilidad en la etapa del juzgamiento, no de la investigación.

El ministro Salvador Heresi declaró que van a revertir el arresto domiciliario de Liendo y Morote. ¿Sabe cómo?
Eso es un despropósito jurídico. El señor Heresi sabe que el artículo 139 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede interferir en las decisiones jurisdiccionales ni en su cumplimiento. Es una declaración política.

Los abogados de Morote y Liendo han apelado el arresto domiciliario.
Ellos no están libres, seamos objetivos. Están detenidos en su casa y espero que la Policía los cuide bien…

La Policía sostiene que no pueden…
Claro que pueden, los jueces no irán a cuidarlos. ¿Quién lo va a hacer? Pero pronto terminará el juicio.

¿Con el fallo del caso Tarata vuelven a prisión?
Si el fallo es condenatorio, sí, vuelven a prisión inmediatamente. No sé cómo será la sentencia.

¿Si todo es tan claro, por qué la OCMA investiga a los jueces de esa sala judicial?
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha pedido un informe sobre las probables dilaciones del proceso. No hay ninguna investigación. No hay mano blanda del Poder Judicial con el terrorismo. Condenamos a Abimael Guzmán y toda la cúpula de Sendero, también al MRTA. Se está aprovechando políticamente.

¿El caso del El Frontón dura más de 30 años?
Ahí intervino la Corte Interamericana. Hay violación del plazo razonable del proceso. No conozco los detalles.

¿Podría interesarse?
Podría sí, trataré de averiguar qué está pasando.

¿El borrador del indulto a Fujimori encontrado en el allanamiento de la casa de Kuczynski está dentro de la autorización del juez para incautar lo relativo al delito de corrupción de funcionarios?
Eso lo decidirá el juzgado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, que coordina la doctora Susana Moscoso.

¿Cuántos congresistas con pedido de levantamiento de inmunidad hay y cómo se procederá?
Son siete: Benicio Ríos (APP), Richard Acuña (APP), Guillermo Martorell (FP), Maritza García (exFP), Zacarías Lapa (FA), Sergio Dávila (PPK). La Constitución indica que la inmunidad parlamentaria no es para hechos ocurridos antes de su elección. Pero hay una sentencia de 2006 del Tribunal Constitucional que un poco como que cuestiona ese criterio. Es un tema de interpretación. El presidente del Congreso afirmó que se supedita a esa sentencia. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del PJ sostuvo que en el caso de Benicio Ríos no le ampara la inmunidad. Estamos en una controversia que en algún momento debe aclararse.

¿Cómo?
Para el PJ, la Comisión de Levantamiento es quien debe dar la opinión técnica y la que vale. No sé si la sentencia del TC es vinculante. De serlo, estamos obligados a acatarla.

¿El Congreso dilata?
Dicen que no está muy clara la figura del arresto, de si hay o no inmunidad.

El pedido de amnistía para terroristas que presentó en 1985…
Es un refrito. Fueron 19 diputados y dos senadores (Rolando Ames y Carlos Malpica) presentaron ese proyecto, me pidieron que lo firmara y así fue. No estoy sacando el cuerpo. Pero no pide la amnistía para terroristas, sino para los investigados que no cometieron hechos de sangre y que no fueron encontrados con armas. Era para quienes estaban presos porque les encontraron un libro de Mariátegui, Marx o de Mao.

"QUISIERA QUE EN MI PAÍS LA POLÍTICA SEA EJEMPLAR" 

¿Hará política o no? ¿Lo desea, lo imagina?
El ser humano, en algún momento de su vida, tiene opciones políticas y yo quisiera que en mi país la política sea ejemplar, que funcione bien. Yo tengo compromisos, terminar mi gestión y luego tengo un año como juez. Estoy seguro de que ejerceré mi profesión de abogado y que me dedicaré a la docencia. Sobre la actividad política, se verá en su momento.

¿No lo descarta?
Obviamente no.

¿Por qué sacó a los abogados del Poder Judicial?
Leguía les dio un lugar en la Av. Abancay 459. Y el Palacio de Justicia está en Paseo de la República. Además, esa ley se derogó en 1927. El Palacio de Justicia se inauguró en 1945, se les dio de cortesía un espacio. En nuestra partida registral no figura el CAL. Yo no empecé el tema, surgió en 2014. El CAL tiene 60 mil miembros y con las cuotas que cobran podrían tener un palacio como este. No sé qué harán con la plata. En provincias tienen locales magníficos.

DATOS

- Duberlí Rodríguez se desempeñó como vocal superior en Lambayeque y como vocal supremo a nivel nacional. Asumió como presidente del PJ a inicios de 2017.

- Ha sido docente universitario y de la Academia de la Magistratura. Tiene una maestría en Derecho Penal.