Duberlí Rodríguez pide al Congreso que apruebe ley que evita el uso abusivo de hábeas corpus. (Mario Zapata)
Duberlí Rodríguez pide al Congreso que apruebe ley que evita el uso abusivo de hábeas corpus. (Mario Zapata)

Redacción PERÚ21

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El presidente del Poder Judicial, , exhortó al Congreso a aprobar el proyecto de ley presentado por la institución judicial que encabeza, para poner fin al uso abusivo de las demandas de hábeas corpus o acciones de amparo en juzgados ajenos a la jurisdicción donde ocurre la presunta afectación del derecho.

“Es necesario que este proyecto se apruebe inmediatamente, porque esto se está convirtiendo prácticamente en una corruptela, donde se busca en distintos lugares del país dejar sin efecto decisiones judiciales que tienen carácter de cosa juzgada”, afirmó.

Esta iniciativa será sustentada la próxima semana por el titular del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y propone que solo tendrá competencia para estos casos, el distrito judicial en el que se produce la supuesta vulneración de derecho.

OTRA PROPUESTA PARA MEJORAR SISTEMA DE JUSTICIA

Duberlí Rodríguez manifestó que para mejorar la situación de los trabajadores judiciales, su gestión ha presentado varias propuestas, como la Ley de carrera judicial, una nueva escala de remuneraciones y la modificación de la Constitución que permita al Poder Judicial aprobar su propio presupuesto.

Asimismo, precisó que, en la última reunión sostenida con el Ejecutivo, planteó al premier y ministro de Economía, Fernando Zavala, un bono permanente de S/500 mensuales para que sea incluido en las remuneraciones básicas de los trabajadores judiciales.

DATOS:

► La flexibilización de la competencia en proceso de habeas corpus ha generado el incremento de la judicialización de los conflictos o controversias constitucionales en el país, lo que significa un ascenso significativo de la carga procesal que los jueces deben atender.

► Entre 2015 a 2017, hubo un incremento del 80% o más del total de la carga de procesos constitucionales a nivel nacional, lo que implica que la mayoría de los recursos personales y materiales de dichos órganos jurisdiccionales deban derivarse para la atención de estas causas.