DuberlÍ Rodríguez
DuberlÍ Rodríguez

Plantea que no están descabezando a la ni la quieren debilitar, sino fortalecer la institucionalidad del al delimitar las competencias del Sistema Nacional .

La Sala Plena de la Corte Suprema acordó que los casos de corrupción no serán vistos por la Sala Penal Nacional –donde está el juez Richard Concepción Carhuancho–, sino por el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Se siente usted ganador?
No hablaré en términos deportivos de si se ganó o no, porque no estoy jugando ningún partido contra la Sala Penal Nacional (SPN), ni contra el señor Richard Concepción Carhuancho. Estoy afirmando la institucionalidad del Poder Judicial. El acuerdo de la Sala Plena fue respaldar al presidente del Poder Judicial (PJ) y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), nuestro órgano de gobierno, con motivo de la aprobación del estatuto de la Sala Penal Nacional y de manera genérica su competencia. También se acordó que, para no tener dos sistemas trabajando en paralelo, la SPN y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se unificarán a futuro. Se conformará una comisión presidida por la doctora Elba Ruiz Alvarado que trabajará en ello.

¿De qué se ocupa la SPN y de qué el SNA?
La SPN se ocupa de crimen organizado, lavado de activos por delito común, terrorismo (han juzgado a Abimael Guzmán), DD.HH. El SNA de delitos de corrupción. Ojo, este no se creó porque fracasó la SPN, sino por un decreto del Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias. Se crea una especialidad que jala lo que estuviera en la SPN.

¿Serán imparciales los jueces del SNA?
Claro, trabajan desde marzo de 2017. Que me digan en qué ha fallado este sistema. Ellos también han dictado prisiones preventivas, allanamientos. No he recibido ninguna queja.

¿Entonces, queda claro que la competencia para juzgar delitos de corrupción corresponde al Sistema Nacional Anticorrupción?
De manera genérica, sí. Pero la competencia en cada caso se verá cuando las partes –el fiscal, la defensa y eventualmente el procurador– soliciten establecer cuál es el órgano jurisdiccional competente.

Si un investigado pide pasar al Sistema Nacional Anticorrupción y el juez de Sala Penal Nacional donde pertenece Richard Concepción Carhuancho dice nones, ¿quién dirime?
Primero tiene que pronunciarse el juez que ve el tema. Si una de las partes está en desacuerdo, interpone una apelación a la Sala de Apelaciones. Eventualmente puede llegar a la Suprema vía queja o vía consulta. En cada caso vamos a esperar que se dé el trámite dentro del mismo proceso.

O sea, que el Consejo Ejecutivo se lava las manos y pasa la papa caliente a los litigantes frente a la decisión, según usted, unilateral de Concepción Carhuancho.
El acuerdo ya se tomó, se verá en la vía procesal.

¿Se dilatará el proceso?
No, es rápido. Además, ahí se ventilan cosas transitorias, por ejemplo, si se allana o no un domicilio. Son medidas provisionales que da el juez de investigación preparatoria. Los temas de fondo se ven en el juicio oral.

¿Concepción Carhuancho solo actúa frente a medidas cautelares?
Así es, allanamiento, prisión preventiva, levantamiento del secreto de las comunicaciones. Él no realiza el juzgamiento, lo más trascendente. Como juez de investigación preparatoria solo controla la actividad del fiscal. Por eso digo que no es dueño de ningún expediente, es el fiscal, este toma la declaración.

¿Si la competencia llega a la Suprema, lógicamente refrendará el acuerdo de la Sala Plena que le da al Sistema Nacional Anticorrupción la potestad de ver estos casos?
Es probable.

Todos los expedientes de corrupción y lavado de activos que estaban en la SPN ya pasaron al SNA. Solo quedan los casos de la Interoceánica y Línea 1 a cargo de Richard Concepción y Costa Verde-Callao a cargo del juez Ricardo Manrique. ¿Es un acto de rebeldía, unilateral, quedarse con esos casos?
El no tener en cuenta lo que dispone el estatuto aprobado para la Sala Penal Nacional es una suerte de desacato a esa norma. Pero no será el Consejo Ejecutivo quien le diga al juez ‘este caso lo mandas al SNA o a la SPN’, es dentro del mismo proceso a pedido de las partes…

¿Si se aplica el estatuto de la SPN, estos casos deberían pasar a la SNA?
En teoría, sí. Para quedarse con estos dos casos que usted menciona, él se está amparando en el dictamen de una Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional que le autorizó.

¿Juez y parte?
Bueno, el respaldo se da dentro de su mismo sistema. Pero esto puede llegar a la Suprema, quien dirá dónde se queda.

¿Esto es una rebelión, no en la granja, sino en la Sala Penal Nacional?
Claro, objetivamente es así. Yo lo he calificado como una insubordinación. Pero prefiero ya no poner etiquetas porque la Sala Plena emitirá un comunicado sobre los acuerdos tomados el jueves.

¿El juez Concepción Carhuancho es titular o no?
Los jueces que están en la SPN o en el SNA son titulares en el lugar donde fueron nombrados y donde se les expidió su título. Concepción Carhuancho en Áncash y los de la SNA en Lima. Por necesidad de servicio, el Consejo Ejecutivo los trajo a la SPN o al SNA. Pero, si quieren ser titulares en la SPN o en el SNA, tienen que pasar por concurso en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Nadie ha concursado…
Para que no se paralice el trabajo, será un proceso de transición gradual, el concurso se hará en simultáneo para la SPN y para el SNA. Calculo que demorará no menos de un año.

Pero la presidenta de la Sala Penal Nacional (SPN), Inés Villa Bonilla, ha nombrado como titular al juez Concepción Carhuancho…
No, no, eso no se puede hacer.

Es que el estatuto de la SPN le da categoría de Corte Superior…
El estatuto solo dice que mientras no haya jueces titulares para la SPN, a la doctora Villa Bonilla, que es coordinadora, le damos atribuciones de presidente de corte. Esto no la faculta a nombrar a ningún juez. Tienen que pasar por el CNM. Ella y los jueces de la SPN como de la SNA han sido designados, no nombrados, por el Consejo Ejecutivo. No sé en qué se habrá amparado la doctora para hablar de una titularidad o de una ratificación, estaría usurpando funciones del CNM. Además, nadie ha sacado a Concepción Carhuancho, ¿para qué nombrarlo de nuevo?

¿Ha conversado con ella?
No, seguramente conversaremos en estos días para hacerle entender que no estamos descabezando a la SPN, ni queremos debilitarla. Por el contrario, serán titulares vía concurso, tienen categoría de Corte Superior y elegirán por votación a su presidente. Además, le estamos construyendo local propio.

¿Y con Concepción Carhuancho?
No tengo por qué ir a hablar o llamarlo. No corresponde. Sí hemos conversado en otras ocasiones. Hemos ido al Congreso.

¿Los casos de corrupción no llegarán más a la SPN?
Así es. El único problema que tenemos ahora son esos tres casos que mencionó, vinculados a Odebrecht, los demás ya pasaron a la SNA. Incluso la propia SPN no recibe más casos, los deriva.

¿Hay un afán de quedarse con “el trofeo”?
Claro, hay ese deseo. Imagino que querrán dar el mensaje ante la opinión pública de que son un órgano jurisdiccional muy fuerte y no quieren que otros intervengan. Pero ellos no están juzgando nada, aún no hay acusación. Solo ven cautelares. Están haciendo un espíritu de cuerpo porque piensan que el Consejo Ejecutivo los retirará y volverán a su corte de origen. Pero no es verdad.

Esto evidencia que hay una fuerte división en el PJ…
Son 34 cortes superiores en el país y solo una sala pequeña, de 30 jueces, está incumpliendo las decisiones del Consejo Ejecutivo. No podemos decir que el PJ está partido, tenemos 3,080 jueces. Todos trabajan normalmente. La SPN ha hecho una interpretación equivocada de las normas.

¿Sancionarán a los rebeldes?
En su momento se verá.

¿Usted, que ha sido de Patria Roja, diría que la SPN es el ala izquierda del Poder Judicial?
Ja, ja, ja. No creo que haya objetivo político. En el argot político se dice que hay jueces de derecha y caviares, no los puedo calificar. Ellos manejan un criterio sobre su labor y nosotros tenemos uno como institución. Hace más de 20 años que no estoy comprometido con ningún partido, solo con la justicia.

¿Este es un debate jurídico?
No. Es solo un tema procesal y solo para tres casos y dos jueces. Los casos de Acurio Tito, ‘La Centralita’ y otros ya están en la SNA. Esto viene desde 2016, no hay nada imprevisto.

El juez Concepción Carhuancho tiene la simpatía de la ciudadanía, ha metido a peces gordos a la cárcel. ¿Era el momento oportuno?
Lo sé, ha tomado medidas duras contra personas que eran intocables. Pero el juez no actúa en función de la opinión pública; si no, esta sería la que juzga. Dígame cuándo iba a ser el momento oportuno. Siempre habrá alguien que critique. Sería grave si los cambios se dieran en el periodo de juzgamiento. Decía el juez Concepción que se está cambiando al árbitro a mitad del partido. Pero acá el partido no se está jugando. Cuando haya acusación fiscal y juicio oral, se jugará.

Se dice que Concepción Carhuancho es un juez ‘canero’. ¿Qué piensa?
No puedo calificarlo. Sí decirle que en el Perú no tenemos jueces verdugos, sino garantistas que deben respetar el debido proceso en cualquier nivel. Rechazo que diga que hay pérdida de confianza hacia su persona. Si fuera así, el Consejo Ejecutivo lo hubiera retirado de la SPN, lo podemos hacer, ahí no es juez titular, lo es en Áncash. Lo invito a que concurse para juez titular, bien en la SPN o en el SNA. Le sugeriría que postule a este último por su experiencia.

¿Se está abusando de la prisión preventiva?
De formación académica yo soy de la escuela del garantismo penal. Este señala que cuando un individuo es escogido por el sistema penal, se enfrenta solo frente a la Policía, jueces, INPE y a veces medios de comunicación. Por ello debe tener garantías para su defensa y un debido proceso. El Código Procesal Penal, la Constitución, la CIDH respaldan la presunción de inocencia, nadie puede ir preso hasta que no lo condenen. La regla es que se afronte la investigación en libertad. Excepcionalmente con prisión preventiva.

¿Es justo que el ex presidente regional de Áncash esté tres años en prisión preventiva?
Siempre debe funcionar el plazo razonable. Para cualquiera: 36 meses es suficiente para que esa persona sea condenada o absuelta.

‘EXTRADICIÓN TOMARÁ UN AÑO’

¿Qué evidencia el caso Lava Jato para usted?
Que una vez más el Perú ha sido azotado por una megacorrupción pública y sistémica. El sistema de justicia debe responder con mucha firmeza y dureza. Pero el peso de esta batalla lo lleva el Ministerio Público. Espero que la Fiscalía haga bien sus investigaciones, acumule las pruebas suficientes para que en un juicio oral permitan destruir la presunción de inocencia de todo inculpado.

¿Incluido el presidente de la República?
Así es. Nadie tiene corona.

¿El pedido de vacancia del Congreso está dentro de sus atribuciones o fue un atropello?
Ellos tienen toda la atribución de formular acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, jueces supremos y discutir la vacancia.

Kenji Fujimori pidió al PJ que dirima sobre sus sanciones en su partido. ¿Es posible?
No creo que el PJ sea el primero en ver esto. Existe la Comisión de Ética del Congreso. Esperemos que los partidos procesen sus diferencias internamente y no nos den más trabajo. ¿Para qué judicializar todo? Probablemente los jueces dirán que no son competentes, pero no me adelanto.

Apostemos si Alejandro Toledo es extraditado.
Pienso que sí, demorará aproximadamente un año, año y medio. El cuaderno de extradición debe estar bien armado, detallando los delitos, las pruebas y la ruta del dinero. Son importantísimas las declaraciones de Maiman y de Barata. Esto se elevará a una Sala Penal Suprema cuando el juez arme el expediente...

¿Qué juez será?
Entiendo que es el juez Concepción Carhuancho, él vio inicialmente este tema. Si el caso de la Interoceánica no continúa en la Sala Penal Nacional, lo vería el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿El indulto de Fujimori es de acuerdo a ley, fue muy rápido?
La Constitución faculta al presidente a indultar. No me corresponde calificar si se cumplieron con los requisitos o no. Presumo que sí.

DATOS

- Duberlí Rodríguez Tineo se ha desempeñado como vocal superior en Lambayeque y como vocal supremo a nivel nacional. Asumió como presidente del Poder Judicial a inicios de 2017.

- Ha sido docente universitario y de la Academia de la Magistratura. Tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad Pedro Ruiz Gallo.