El 7 de marzo último, el Supremo Tribunal Federal (STF) denunció al senador Valdir Raupp por lavado de activos, luego de concluir que recibió una donación electoral de 500 mil reales de la empresa Queiroz Galvao. La transferencia fue identificada en el proceso Lava Jato como dinero desviado de contratos de Petrobras.
El STF concluye que es necesario definir el origen legal del dinero recibido y no el uso que se le dio, independientemente de si estos montos fueron o no declarados.
¿Esa misma figura puede aplicarse en el Perú? En este diario entrevistamos a tres abogados especialistas para comentar el tema, a propósito de la declaración del ex máximo directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, sobre la entrega de US$3 millones a Nadine Heredia en 2010 como donativo para la campaña electoral de Ollanta Humala. El abogado penalista Carlos Caro asegura que recibir una donación electoral no es delito siempre que el origen del dinero no sea ilícito. En caso de que este provenga de la 'Caja 2' de Odebrecht –su división de sobornos–, sí se configuraría el delito de lavado de activos. Dijo incluso que si se determina que ese dinero fue un soborno para acceder a un favor en el futuro, podríamos estar ante un caso de cohecho.
A su turno, el ex fiscal Avelino Guillén coincidió con Caro e indicó que el dinero fue entregado a Heredia "de manera clandestina en un departamento, conociendo el origen ilícito". Finalmente, la congresista Yeni Vilcatoma anotó que, al no bancarizar este aporte, "eso ya demuestra el dolo con el que ha procedido Heredia en este caso".