El complejo metalúrgico de La Oroya es uno de los activos de Doe Run. (Perú21)
El complejo metalúrgico de La Oroya es uno de los activos de Doe Run. (Perú21)

Redacción PERÚ21

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La Junta de Acreedores de otorgó facultades a su presidente, Guillermo Shinno, y al representante de la administradora Dirige, Pablo Peschiera, para solicitar al Poder Ejecutivo la ampliación de prórroga de liquidación en marcha de la empresa, plazo que vence el próximo 27 de agosto.

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El portavoz de los trabajadores de la compañía, Luis Castillo, indicó a Perú21 que esta es una medida de "contención" adoptada por si se frustra, una vez más, el remate de los activos de Doe Run: el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) y la mina Cobriza (Huancavelica). La subasta está programada para julio.

"Sin embargo, creemos que esta vez sí se venderán las propiedades, ya hay empresas que han expresado su interés por adquirirlas, aunque solo Dirige conoce qué compañías son", manifestó Castillo.

De acuerdo a la norma promulgada en agosto de 2016, el gobierno, a pedido de la Junta de Acreedores, y con un informe previo de Indecopi, puede ampliar por un año más la prórroga de 12 meses que otorgó el Parlamento.

El Ejecutivo deberá emitir un decreto supremo debidamente fundamentado que señale la obligación de respetar la legislación nacional vigente, con especial énfasis en las normas ambientales y laborales.

Precisamente, a inicios de junio, el Ministerio de Ambiente publicó la norma que cambia los estándares de calidad ambiental (ECA) del aire en el país, —entre otros componentes, varía el nivel de emisión de dióxido de azufre de 20 a 250 microgramos/m3.

Aunque este decreto es de alcance nacional, en la práctica viabiliza una promesa electoral del presidente Pedro Pablo Kuczynski: facilitar la venta y posterior reactivación de la refinería de La Oroya. Los postores estaban a la espera de conocer el nuevo ECA de aire para participar en la subasta pública.

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