Dina Boluarte: Un gobierno sin brillo, desaprobado, inseguro y con cifras en rojo

A más de un año, sin embargo, siguen destapándose inconductas en el sector público y la mandataria continúa responsabilizando de sus falencias a su antecesor. Asimismo, se vanagloria de haber logrado la estabilidad democrática del país, pero nada dice sobre qué hará para resolver los problemas de inseguridad ciudadana, recesión económica, demandas sociales, minería ilegal, entre otros.

Cierto es que, si se le compara con el régimen castillista, la gestión de la apurimeña de 61 años califica como pasable, pero se esperaba mucho más. Lo confirma ese 84% que, según la última encuesta de Ipsos, la desaprueba; apenas un 9% la avala.

A eso se suma su debilitada imagen al lado de un primer ministro que la ha opacado y que incluso la ha desplazado en el liderazgo gubernamental. Así lo reveló la XLIII Encuesta del Poder realizada por Ipsos en septiembre pasado, que dio cuenta de que el 94% de encuestados percibe a Alberto Otárola como un personaje empoderado, el más influyente de Palacio de Gobierno; es el primer jefe de gabinete que alcanza tal posición.

Bajo su batuta, cabe señalar, el equipo ministerial ha registrado, de lejos, menos rotaciones de ministros que en la era castillista, lo que no ha impedido que muchos de ellos sean interpelados y cuestionados por su deficiente gestión —como Rosa Gutiérrez, quien se vio obligada a renunciar por su mal manejo de la pandemia del COVID-19—, Daniel Maurate —quien sigue en el equipo pese a las denuncias por sus llamadas con los investigados por los Cuellos Blancos— o Vicente Romero —ministro del Interior que terminó censurado por el Congreso por su mal manejo de la seguridad ciudadana—.

Boluarte, en tanto, ha tenido una gestión con altibajos. Empezó con más de 60 muertos y otros tantos heridos como resultado de las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023 tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Por este caso, dicho sea de paso, enfrenta hoy una denuncia constitucional por presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves formulada por la hoy suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Esta situación de convulsión social haría también que apenas cinco días después de jurar al cargo, y pese a haber señalado que su gobierno concluiría el 26 de julio de 2026, la presidenta buscara “lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024". Varios meses después, sin embargo, quedó claro que la reticencia del Parlamento a apoyar la iniciativa —que habría también apartado a los legisladores de sus curules— y el conveniente relajo del Ejecutivo para insistir en su planteamiento guardarían bajo siete llaves la propuesta. Hoy Boluarte ratifica en cuanto escenario puede que completará el quinquenio 2021-26. Y, aunque muchos se preguntan si llegará a la meta, es prácticamente indiscutible que su principal soporte para mantenerse en la Presidencia está a pocas cuadras de allí, en el Palacio Legislativo, aun cuando ha habido hasta tres conatos de vacancia en poco más de un año.

En este tiempo, además, ha debido enfrentar hasta cinco ‘Tomas de Lima’ que se han ido diluyendo con el tiempo en su nivel de convocatoria; igualmente ha sido denunciada por el plagio en un 55% de un libro publicado en 2004 del que es coautora. Pero, sobre todo, ha autodescalificado su pregonado discurso de lucha anticorrupción al pasar por agua tibia la “generosidad” de su premier que contrató a sus amigas en instituciones públicas; por lo que es investigado por el Ministerio Público, por uno de estos casos, como presunto instigador del delito de colusión en las modalidades simple y agravada.

Y ni qué decir de su hermano Nicanor, a quien ha defendido sin reservas y hasta confrontado a la prensa por las denuncias de supuesta intromisión en el aparato público que ha derivado en el beneficio económico de sus amigos a través de contratos con el Estado. “Él está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana (…). Esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa cuando mancha honras de personas decentes”, dijo en noviembre, y hace unas semanas preguntó: “¿Dónde está el problema? ¿Acaso porque es amigo del doctor Nicanor Boluarte?”. Desde el Parlamento, en tanto, solo han hecho un amago de investigación. El “no me incomodes y yo tampoco lo haré” parece ser la consigna.

Este año no ha sido tampoco el mejor para el Congreso de la República. Apenas empezado el año, en enero, fue vacado Wilmar Elera tras quedar firme la condena por 5 años por el delito de colusión agravada que le fue impuesta por el Poder Judicial. Poco tiempo después le seguiría los pasos Freddy Díaz, acusado de violar a una trabajadora de su despacho y para quien la Fiscalía ha pedido una condena de 20 años de cárcel, y luego Betssy Chávez, la expremier de Pedro Castillo desaforada por el Legislativo por su participación en el golpe y quien cumple 18 meses de prisión preventiva.

Eso sin contar a los congresistas sindicados como ‘Los Niños’, los ‘mochasueldos’, los vinculados con una organización criminal orquestada en la Fiscalía de la Nación y quienes, como José Williams y Alejandro Soto, cada uno en su respectivo período como presidente del Legislativo, convirtieron a ese poder del Estado en una caja de Pandora por el blindaje descarado a los responsables de inconductas éticas, amén del despilfarro de recursos públicos. Sin duda, un Congreso para el olvido.