(GEC)
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Desde el inicio de la gestión de la presidenta Dina Boluarte, en diciembre de 2022, el entonces ministro de Defensa y ahora premier Alberto Otárola señaló que se cesaría a los prefectos y subprefectos alrededor del país, cargos que usó indiscriminadamente el exmandatario Pedro Castillo para pagar favores a sus aliados, .

“Hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales donde se mueven estos prefectos”, declaró en diciembre pasado.

Adicionalmente a esto, desde la Comisión de Descentralización se aprobó el proyecto de ley que buscaba eliminar estos cargos ante las múltiples irregularidades.

Sin embargo, hasta el momento, el proyecto no avanza. Mientras tanto, los mencionados funcionarios han sido reemplazados tras el ingreso de Boluarte, alguno de ellos con vínculos a partidos políticos y a personajes del gobierno.

Por ejemplo, Pamela Serafin Almoracin, prefecta regional de Áncash, es conocida en su localidad por ser una vieja amiga de la actual mandataria.

Cuando fue designada, ningún miembro de la prefectura de dicha región conocía su nombre, experiencia y/o antecedentes. Al asumir el cargo, Serafin dijo: “No tiene nada que ver con pertenecer a ningún partido político y mucho menos tener amistad con la presidenta Dina Boluarte; la designación me cayó de sorpresa”.

Otro de ellos es el prefecto de Huánuco, Uberto Yonell Quispe Domínguez, quien es allegado a la congresista del Bloque Magisterial Elizabeth Medina. Según los medios locales, el ahora prefecto reclamó a su antecesora, Edith Calero, ser propuesto para subprefecto del distrito de Chinchao.

En ese entonces reclamaban que la prefecta habría puesto a un lado a aquellos que trabajaron por Pedro Castillo durante la campaña electoral; ahora su suerte ha cambiado.

Asimismo, los prefectos de Junín (Miriam Silvia Mariano Baltazar), San Martín (Armando Villalobos Leiva) y Huancavelica (Misael Menendez Chávez) eran militantes de Perú Libre, pero renunciaron a su afiliación. En Piura, Eduardo Samuel José Merino Carrasco, es un activo representante de Renovación Popular.

En este grupo también se encuentran expolicías, excandidatos a alcaldías e incluso personajes que repiten el plato. De los 25 en total, falta designar a la autoridad del Callao, Puno y Loreto. También hay prefectas que ostentan el cargo por primera vez en la historia de su región, como es el caso de La Libertad.

En cuanto al proyecto de ley, este diario intentó comunicarse con la presidenta del grupo de trabajo, Diana Gonzáles, para conocer en qué estado se encuentra la propuesta de eliminar dichos cargos, pero no se obtuvo respuesta.

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