Según la Contraloría, Dina Boluarte seguía dirigiendo asociaciones privadas mientras ocupaba altos cargos de gobierno. (Facebook: Club Departamental de Apurímac)
Según la Contraloría, Dina Boluarte seguía dirigiendo asociaciones privadas mientras ocupaba altos cargos de gobierno. (Facebook: Club Departamental de Apurímac)

La vicepresidenta Dina Boluarte recibió en Davos, Suiza, una noticia que la pone en aprietos. La Contraloría envió un informe al Congreso en el que advierte que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien viene representando al Perú en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial, habría incurrido en una infracción constitucional al ocupar cargos de carácter privado que son incompatibles con su función pública.

En ese informe, al que accedió Perú21, se detalla en principio que Boluarte no informó en su declaración jurada de intereses que ocupaba los puestos de presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac y de primera vicepresidenta en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.

De acuerdo al artículo 126 de la Constitución, los ministros de Estado “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”. Además, estipula que “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Boluarte es presidenta del consejo directivo del Club Apurímac desde 2017. En 2019 se le ratificó en el cargo hasta el 15 de febrero de 2022, y un día después le ampliaron el mandato hasta el 15 de febrero de 2024.

En la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, por otro lado, la ministra fue segunda vicepresidenta del consejo directivo de 2019 a 2021, y en este último año fue elegida primera vicepresidenta hasta 2023. Es decir, estaría vinculada a ambos gremios mientras era parte del gobierno de Pedro Castillo.

El órgano de control recogió los descargos de Dina Boluarte, quien aseguró que pidió licencia en ambas asociaciones “antes de asumir las funciones públicas que ejerzo”.

La entidad también pidió a las asociaciones que presentaran las copias certificadas notarialmente en las que se acepta el pedido de licencia de Boluarte Zegarra.

El grupo de Apurímac solo presentó una copia simple del acuerdo del consejo con el que se acepta la licencia el 5 de agosto de 2021.

No obstante, la Contraloría adjuntó 13 escritos de la Asociación Apurímac emitidos en agosto, setiembre y octubre del año pasado –cuando Boluarte ya era vicepresidenta y ministra– que llevan la firma de la funcionaria.

Extractos del informe de la Contraloría contra Dina Boluarte.
Extractos del informe de la Contraloría contra Dina Boluarte.

Estas evidencias contradicen la versión de la única vicepresidenta de la República, la encargada de ocupar el despacho presidencial cuando Castillo abandona el país para alguna actividad oficial.

Inhabilitación en curso

Los constitucionalistas Aníbal Quiroga y Óscar Urviola coincidieron en que el Legislativo puede inhabilitar a Dina Boluarte para ocupar cargos públicos hasta por diez años, como sucedió con el expresidente Martín Vizcarra, y si eso sucede, deberá dejar el puesto como vicepresidenta de la República.

“La ley no hace distinción, la Vicepresidencia es una función pública, y si Dina Boluarte es inhabilitada, es para ejercer cualquier cargo de función pública de forma inmediata”, sostuvo Urviola en diálogo con Perú21.

Para Quiroga, la Contraloría está cumpliendo con la ley y comparó este caso con la destitución de Jorge Muñoz como alcalde de Lima que dispuso el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Muñoz fue vacado del cargo porque integró el directorio de Sedapal cuando estaba prohibido de hacerlo; con Boluarte la figura es similar. La ley dice que los ministros de Estado no pueden ser directivos en asociaciones. Es claro que hay una infracción constitucional”, refirió.

En opinión del constitucionalista Alberto Cruces, por más que se trate de asociaciones sin fines de lucro, las dos “representan intereses” y la norma busca impedir que los altos funcionarios tengan este tipo de conflictos.

El Congreso ahora debe calificar la denuncia contra Dina Boluarte. La congresista Norma Yarrow anunció ayer que su bancada Avanza País presentará una denuncia constitucional esta semana contra Boluarte.

Si existe consenso, será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la instancia que deberá tramitar el caso. Y luego pasarlo a la Comisión Permanente, que, de aprobar una acusación, tendrá que elevarla al Pleno. En ese fuero, se necesitarían 66 votos para proceder a la inhabilitación.

Tenga en cuenta

-Dina Boluarte emitió un comunicado en el que argumentó que la ley no le exige renunciar a los cargos en las referidas asociaciones sino que le impide ejercerlos.

-La Contraloría también dio cuenta de que Boluarte no declaró que tenía familiares trabajando para el Estado. Su cuñado está en la Contraloría y su hermano fue contratado en la Municipalidad de Pueblo Libre.

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