Dina Boluarte admite que gestionó a favor de intereses privados

El pez por la boca muere. Retornó al país, procedente de Davos Suiza, el pasado viernes 27 pero recién ayer, cuatro días después, la vicepresidenta Dina Boluarte dio la cara ante la prensa para, infructuosamente, rebatir las pruebas que confirman que, pese a tener una prohibición constitucional expresa, gestionó administrativamente a favor del Club Apurímac en paralelo al desempeño de su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Ante la contundencia de los documentos que confirman que el 7 de abril de este año siguió firmando como representante legal de la referida institución –en el marco de un expediente administrativo para tramitar una licencia de funcionamiento ante la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima–, a Boluarte no le quedó otra que reconocer que, efectivamente, suscribió la petición, pero arguyó que fue porque quien debía sucederla en el puesto de presidenta del Club Apurímac no había “inscrito todavía su representación legal por temas burocráticos”.

Pese a que infringió la Constitución, Boluarte descartó su renuncia y más bien pretendió victimizarse indicando que su caso “ha sido el pretexto perfecto para la derecha y los señores del Apra y del fujimorismo para ir sobre la vacancia (presidencial)”. Un argumento totalmente inconsistente pues su demostrada falta de ética para ocupar el cargo no tiene nada que ver con la situación que, por otro lado, enfrenta el presidente Pedro Castillo.

SÍ HAY INFRACCIÓN

Sobre el tema, el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez comentó, sin dudas, que Boluarte sí infringió la Constitución. Recordó que inicialmente la vicepresidenta argumentó que suscribió documentos a razón de que era formalmente la presidenta de la entidad ante Registros Públicos. “Ese hecho podría ser explicable. Sin embargo, el haber formulado reclamos sobre multas o solicitado licencia de funcionamiento y otros beneficios en la Municipalidad de Lima no es ya un tema de forzosa regularización sino que son actos propios de gestión administrativa y directriz de una asociación privada que es precisamente lo que prohíbe la Constitución en un ministro”, anotó.

“Ella no ha podido negar un hecho evidente, que realizó actos de gestión administrativa en beneficio de una asociación privada que eran actos eludibles. Definitivamente, la infracción está clarísima, no hay mayor argumento”, subrayó a Perú21. Añadió que en mérito a estos hechos le toca ahora al Parlamento evaluar la situación de la vicepresidenta y determinar la sanción correspondiente. Por su parte, el congresista Carlos Anderson señaló que Boluarte tendrá ahora que hacer sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

SABÍA QUE

• La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará en su próxima sesión la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por infracción del artículo 126º de la Carta Magna del 93.
• Boluarte dice que la Contraloría la dejó en un estado de “indefensión”, pero omite decir que el ente de control le solicitó sus descargos hasta en dos ocasiones y ella respondió a ambos pedidos.

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