(Perú21)
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El jueves último se publicó el Decreto Supremo N° 026-2017-EF, que aprobó el reglamento de la denominada Ley del IGV Justo. Al día siguiente, el congresista Miguel Torres publicó varios tuits cuestionando dicho reglamento.

La crítica del parlamentario tenía dos puntos claves: el gobierno estaba complicándoles la existencia a las mypes y, por otra parte, se habría cambiado los alcances de la citada ley a través de una norma reglamentaria y ello sería ilegal. Al parecer, la consigna era defender el contenido de una ley cuyo origen fue el plan de gobierno de Fuerza Popular y de paso golpear políticamente a la administración PPKausa.

¿Realmente se excedieron con la promulgación del citado decreto supremo o estamos frente a un plan urdido por el fujimorismo para desacreditar al gobierno?

Para obtener esa respuesta, solo quedaba esperar los argumentos que se esgrimirían para defender una norma que fue concebida por la élite de la tecnocracia peruana. Para mi decepción y quizá la de muchos, el viernes de la semana pasada se supo por un medio local que se habría decidido modificar el Decreto Supremo N° 026-2017-EF, justamente para subsanar las observaciones planteadas por el fujimorismo y otros congresistas. En otras palabras, no les quedó de otra más que admitir que hicieron mal su trabajo y que lo corregirán, como si se tratase de una monografía para la universidad.

Sin perjuicio de lo dicho y procurando ver el lado positivo a todo esto, resulta plausible que el gobierno reconozca sus yerros y busque enmendarlos (pero que no exagere). No obstante, esto me lleva a la siguiente reflexión: si el gobierno no cuenta con operadores políticos y sus técnicos son incapaces de defender sus fueros, ¿qué podemos esperar los próximos años?