Al margen del reclamo que puedan hacer los ministros, la bancada oficialista o algunas fuerzas políticas, lo real es que la mayoría parlamentaria se ha pronunciado sobre la ilegalidad formal del Decreto Legislativo 1323 y lo han sustentado. En este contexto, resulta obvio que toda referencia a discriminación por opción sexual e identidad de género será suprimida de la norma en cuestión.
Por ende, resulta inoficioso seguir discutiendo respecto a si el Gobierno tenía facultades para legislar en tales o cuales materias. No obstante, conviene apreciar que la interpretación sobre los alcances de la delegación de facultades le corresponde al ente que las concedió y no al que ejerce la competencia por encargo.
En este punto y considerando la posición naranja: ¿cuál debería ser la estrategia oficialista?
Si lo que buscan son réditos políticos y mantener el apoyo antifujimorista que los llevó al poder, seguirán con estos enfrentamientos innecesarios. Por el contrario, si lo que quieren es viabilizar la aprobación de una ley que penalice la violencia y discriminación contra la comunidad LGTBI, lo prudente es que el presidente de la República y sus colaboradores busquen coincidencias con el fujimorismo para lograrlo.
Cabe señalar que esta no sería la primera vez que esta administración gubernamental asume como propio un tema y busca el apoyo del fujimorismo y de otros partidos.
Recordemos cómo se logró que el Congreso de la República aprobase en menos de un mes la denominada "Ley Doe Run", de lo cual se desprende que cuando el jefe de Estado y su equipo tienen interés en sacar adelante una iniciativa; pueden ser más que convincentes.
Esa misma pericia política es la que espera y merece la comunidad LGTBI. Veamos qué deciden y qué sucede al final.