(César Fajardo/Perú21)
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Redacción PERÚ21

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La confesión de Barata, sobre la entrega de tres millones de dólares para financiar la campaña del Partido Nacionalista en la elección de 2011, ha propiciado que se retome la discusión sobre la necesidad de crear mecanismos que permitan transparentar las finanzas partidarias.

En la línea de lo anterior, algunos han propuesto que debe prohibirse que capitales extranjeros financien campañas electorales. La propuesta suena bien. Ahora corresponde analizar si esta contribuye a solucionar el problema de opacidad en las finanzas partidarias, que en nuestro caso es la regla y no la excepción.

Imaginemos que la prohibición propuesta es aprobada. Las preguntas obligadas son: ¿Qué impide que capitales extranjeros coordinen con sus socios nacionales para que a través de estos se hagan los aportes de campaña? Nada. Digamos que hecha la ley, hecha la trampa. ¿Ayudó en algo esta restricción? No.

¿Encontraste la ollita de oro al final del arco iris? Tampoco.

Lo que necesitamos son medidas efectivas más que efectistas. Por ejemplo, la tipificación penal de las irregularidades referidas al financiamiento de campañas podría dar muy buenos resultados, pues con esta reforma el político sinvergüenza estará advertido de que habrá cárcel si amaña sus finanzas y como yapa se puede establecer que su organización perderá la preciada inscripción partidaria.

Como podemos apreciar, lo que necesitamos no son más normas que sigan a pie juntillas lo que dice el libro de texto, pues de eso ya hemos tenido bastante y no han dado resultado. Urge una reforma cuya legislación sea el resultado del análisis de la casuística electoral, vale decir, que se nutra de la praxis de quienes resuelven estos casos ahí donde las papas queman. Vale la pena intentarlo, ¿no?